La discusión de la Ley de Promoción y Desarrollo de Servicios de Telecomunicaciones de Banda Ancha lejos de constituirse en una oportunidad para abrir a fondo el debate sobre los alcances tecnológicos y políticas públicas en Internet, se caracteriza por ser un discurso de “pánico”, y por otro lado, se vende la idea que las corporaciones que dominan el mercado de internet son las grandes defensoras de la libertad de expresión y el derecho a la privacidad de los usuarios, y por lo tanto, el control de las bases de datos debe continuar en manos del duopolio de las telecomunicaciones. Con esta determinación se niega que los ciudadanos también conozcan otras características de la presente iniciativa de banda ancha, entre ellas: romper el monopolio de las telecomunicaciones, reducir el precio de internet, crear los mecanismos para que internet también forme parte de los servicios básicos, como la energía y el agua de todos los hogares nicaragüenses.
Los proyectos de Ley de Banda Ancha son el antídoto para contrarrestar la hegemonía que las grandes corporaciones de telecomunicación se agenciaron con los TLC, como el caso de Nicaragua con el CAFTA. El primero en dar el paso en esa dirección fue Estados Unidos (EE. UU) (2010), durante la primera administración del presidente Obama, por medio del Plan Nacional de Banda Ancha presentado por la Federal Communications Commission (FCC); en América Latina, en Brasilia (2011), se creó el Grupo de Trabajo de Telecomunicaciones de UNASUR, planteando la hoja de ruta para la Conectividad Suramericana para la Integración, el cual contó con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL); y en Centroamérica (2011), durante el Foro de Presidentes de Poderes Legislativo de Centroamérica y la Cuenca del Caribe (Foprel), se acordó modernizar y homologar la legislación en telecomunicación.
La literatura consultada evidencia que los marcos regulatorios en Internet siempre causan ruido en la opinión pública. Conviene entonces preguntar, ¿cuál es la diferencia entre el concierto de voces críticas en EE. UU. y América Latina con relación a las iniciativas de Banda Ancha? Y ¿cuál con relación a la situación de Nicaragua? En nuestro país, lejos de debatir y construir un pensamiento crítico hacia dentro, con enfoque ético y con propuesta de nación, predomina la descalificación y el discurso político partidario. Esta visión polarizada, impide aprovechar la oportunidad de reconocer el peso y desarrollo estratégico que tienen las telecomunicaciones e internet, no solo para modernizar el marco jurídico y fijar reglas claras, sino para abrir otras fronteras de análisis, que permitan contrarrestar el crimen organizado y la trata de personas.
La presente iniciativa brinda las pautas para que el ente regulador deje de seguir actuando por las vías de hecho. También resulta oportuno platear que en vez de crear una empresa estatal, se necesita un actor neutral que represente los derechos de los usuarios y acabe con la cultura de monopolio. De ahí la necesidad de crear una instancia con facultades técnicas y jurídicas, descentralizada del Ejecutivo, cuya elección de funcionarios se sometan a concurso por trayectoria y conocimientos en la materia, de carácteres técnicos, jurídicos y políticas públicas, siendo su principal función fiscalizar el servicio y plan de inversión en banda ancha de internet, multar a los operadores cuando estos violen el contrato de servicios con los usuarios.
¿Control versus regulación? Afirmar de forma automática que la mejor ley, es la que no existe, en el caso de Internet, resulta inválido. Internet, necesita ser regulado, precisamente por asuntos de seguridad nacional, tal como funciona en EE. UU.; y además se necesita regular, para garantizar la privacidad de los usuarios que están en especie de limbo jurídico, porque cada vez que hacemos una cuenta en Google o Facebook, con antelación estamos cediendo nuestra privacidad, al momento de aceptar las políticas de privacidad, lo cual no es más que un eufemismo para ceder nuestra información.
El control de las bases de datos ya existen desde el momento que aceptamos a ciegas los contratos digitales de políticas de privacidad. De modo, que desde nuestra perspectiva, regular es una práctica que vendría a crear una cultura digital, y ser una receta deseable para crear mecanismos a favor del derecho a internet de los usuarios.
El autor es doctorando en Ciencias Sociales y Humanas, UCA.
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