Representantes de importadores de vehículos usados pidieron ayer a la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) que interceda por ellos ante el Gobierno para que autorice una especie de “moratoria” por parte de la Dirección General de Servicios Aduaneros para que puedan ingresar los vehículos usados retenidos en las fronteras por ser de modelos más antiguos.
Explicaron que tras la puesta en vigencia de la Ley 891, que prohíbe la importación de vehículos usados con modelo mayor de diez años, muchos de los mismos que ya estaban en tránsito no los pudieron pasar de las fronteras.
Señalan que entre los carros retenidos en los puestos están modelos desde los años 93 hasta 2004, pero que los importadores —en su mayoría propietarios de autolotes— alegan que los mismos fueron comprados supuestamente cuando la ley estaba en proceso de aprobación.
Miguel Contreras, quien habló en representación de los afectados pero aclaró que él no tiene vehículos en las fronteras, dijo que no solo los propietarios de autolotes han resultado afectados con la ley, sino la población que se beneficia con este tipo de ventas y que no puede tener acceso a un vehículo nuevo o modelos más recientes.
“Personas que no tienen capacidad (de pago para) un vehículo nuevo, estamos hablando de todos los campesinos (…), gente del mercado que con mucho sacrificio logra recoger cuatro mil, cinco mil dólares que es el costo del vehículo que les ofrecemos”, apuntó Contreras.
Él también lamentó que los automotores —por estar en la intemperie en las Aduanas fronterizas— corren el riesgo de deteriorarse y en la mayoría de los casos a ser desmantelados. Los propietarios pagan doscientos córdobas cada día por el vehículo que permanece en Aduana.
Marcos Carmona, de la CPDH, ofreció a los afectados brindarles el acompañamiento que les solicitan a fin de que no haya discriminación. La CPDH enviará una carta al Gobierno a fin de que les autoricen la moratoria solicitada, pues según dicen, muchos están endeudados con el banco y tienen personal a su cargo.
160 vehículos permanecen en las fronteras a la espera de que las autoridades aduaneras permitan a sus propietarios ingresarlos al país. Pero la cantidad de afectados podría ser mayor.
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