El Juzgado Único Local de Ticuantepe notificó al empresario Milton Arcia, quien es objeto de demanda de expropiación por el Estado de Nicaragua, a través de la Empresa Portuaria Nacional (EPN), representada por la Procuraduría General de la República (PGR). La notificación la recibió el pasado 15 de mayo, 42 días después de que la propiedad de Arcia fue allanada y el edificio en construcción levantado en ese terreno fue demolido.
“Eso es lo correcto que tenía que haber hecho la Procuraduría, la expropiación y seguir el procedimiento de indemnización”, reaccionó ayer el abogado de Arcia, Denis Guadamuz.
En la demanda, la PGR señala que “el área declarada de utilidad pública tiene un valor catastral de 2,348,166 córdobas. Los que se pagarán en efectivo o bonos o cualquier otra forma que garantice una justa, apropiada y correcta indemnización”.
El texto de la demanda de la PGR además señala que, en caso de que se requiera, nombra como perito al ingeniero Vladimir Dagoberto Mejía Martínez.
CONFIRMAN DECLARATORIA POSTERIOR
Al tiempo que confirma la PGR en su demanda, que mediante acuerdo administrativo emitido por el procurador Hernán Estrada y publicado el 9 de abril en La Gaceta, la propiedad de Arcia fue declarada de utilidad pública. De esta manera reafirma que la publicación fue realizada posterior al allanamiento de la propiedad. El área en mención, según la demanda, es de 4,332.41 metros cuadrados.
El representante legal de Arcia consideró que la demanda denota que “aquí la Procuraduría reconoce que era una propiedad legítimamente constituida, que estaba registrada”.
NO INCLUYE MEJORAS
No obstante, Guadamuz señaló que, según la demanda de expropiación admitida por el Juzgado Quinto de Distrito Civil de la Circunscripción de Managua, “no hubo criterio de los técnicos (en cuanto a que) si hubo mejoras o no hubo mejoras, porque mandaron a expropiar un terreno y no incluye mejoras”.
Guadamuz insistió en que ese avalúo catastral presentado en la demanda por la PGR denota que únicamente es referido al valor del terreno, pues en el edificio en construcción, que fue demolido por la maquinaria del Estado el pasado Viernes Santo, en Moyogalpa, su propietario alega haber invertido unos siete millones de dólares.
Familiares de Arcia apuntaron que según la demanda esto representa que lo despojarán de todo, del muelle, del puerto, de las oficinas, por lo que sumado a la construcción del hotel el valor real es de más de diez millones de dólares.
En parte del artículo 4 de la mencionada Ley de expropiación establece el proceso para llegar a acuerdos entre las partes, primero les dan 15 días para comparecer ante la unidad ejecutora, en este caso es la EPN. Y si en ocho días de haberse presentado las partes no se han puesto de acuerdo sobre el monto y forma de pago de la indemnización, es que se procede al juicio.
Pero en este caso el Gobierno primero allanó violentamente, demolió la propiedad e incluso arrestó al afectado.
Tras el desalojo el empresario solicitó a la PGR una revisión de la declaratoria de utilidad pública con la que fue expropiado, pero a inicios de mayo esa institución le negó esta posibilidad. Y aunque Arcia anunció el intento de apelación ante el presidente inconstitucional Daniel Ortega, no llegó a realizarlo.
Sin embargo, el viernes el juez Quinto de Distrito Civil de la Circunscripción Managua, Javier Aguirre Aragón, estableció: “Téngase como parte de la demanda al señor Milton Renato Arcia Marín (…), a quien se le concede tres días para la contestación de la demanda”. El mismo judicial señala que “de conformidad al artículo 13 de la Ley 229 (…) gírese mandato al Registrador Público de la Propiedad inmueble del departamento de Rivas a fin de que anote la presente demanda que se ventilará en juicio civil por los trámites especiales con acción de expropiación e indemnización, conforme a valor catastral que interpone el doctor Denis José Sánchez López”.
El representante de Arcia advirtió que presentará un incidente de nulidad de la notificación, pues señalan que el lugar de residencia de su cliente es Moyogalpa, isla de Ometepe, y no Ticuantepe, como fue notificado por un judicial de esa jurisdicción.
Por tanto, dijo Guadamuz, al ser Arcia del domicilio de Moyogalpa y estar la propiedad en mención en ese municipio, consideran que el caso debe ser conocido por un juez de Rivas.
NO PUEDE HABLAR
Arcia se excusó de emitir criterio sobre la notificación, en vista de que existe una prohibición de parte de otro tribunal, tras una querella por injurias y calumnias que enfrenta por parte de Denys Hurtado, funcionario de la Empresa Portuaria Nacional (EPN).
En ese caso, el 8 de mayo el juez Ernesto Rodríguez ordenó al empresario “que se abstenga de emitir opiniones, que firme una vez a la semana en los juzgados y que no asista a lugares donde concurra el querellante”.
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