Veinticinco años del Cenidh

El Cenidh nació apenas un mes después de la transferencia del Gobierno de Nicaragua, de manos de Daniel Ortega y el FSLN, que perdieron las elecciones del 25 de febrero de ese año, a las de doña Violeta Barrios de Chamorro y la UNO, que triunfaron en aquellos históricos comicios.

Cuando nació el Cenidh se percibió que era para defender a los sandinistas cuyo partido y líderes habían perdido las elecciones, ante el temor y la posibilidad de que bajo el nuevo gobierno pudieran sufrir violaciones a sus derechos humanos. Y seguramente hubo hechos de tal naturaleza, que el Cenidh debe tenerlas documentadas en sus archivos, porque las violaciones a los derechos humanos ocurren en todas partes y con todos los gobiernos, con la diferencia de que en los países democráticos son hechos aislados y punibles de funcionarios que abusan en el ejercicio de sus funciones, y en las dictaduras son política de Estado.

Pero como los derechos humanos no tienen color político, el Cenidh asumió la responsabilidad de defender los derechos humanos de todos los nicaragüenses, lo que ha hecho de una manera abnegada, eficiente y ejemplar. A lo largo de estos 25 años, el Cenidh ha desarrollado una labor de gran significación, lo mismo que la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y la Asociación Nicaragua pro Derechos Humanos (ANPDH). A las tres organizaciones humanitarias la sociedad nicaragüense les debe un justo y merecido reconocimiento.

En un país donde la justicia no es independiente y los tribunales, jueces y magistrados están subordinados a un poder político arbitrario, como es Nicaragua, la existencia de instituciones y personas consagradas a la defensa de los derechos humanos no es solo una imperiosa necesidad, es también una especie de bendición.

Como dijera la presidenta del Cenidh, doctora Vilma Núñez de Escorcia, en declaraciones a los periodistas el jueves de la semana pasada, los nicaragüenses se encuentran en estado de indefensión por “la debacle” a la que el gobierno de Daniel Ortega ha llevado al poder judicial. Ciertamente, como lo demuestra la amarga experiencia de los últimos ocho años, desde que Ortega recuperó el poder los nicaragüenses ya no pueden esperar protección de la justicia institucional, sino mayor castigo, como le está ocurriendo al señor Milton Arcia.

De acuerdo con lo que establece la Constitución Política del Estado en su artículo 46, en Nicaragua “toda persona goza de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto, promoción y protección de los derechos humanos…” Pero con el gobierno de Daniel Ortega eso no se cumple, solo está escrito en el papel.

Y si no fuera por los organismos defensores de derechos humanos, como el Cenidh, los nicaragüenses no tendrían a dónde acudir en busca de amparo y al menos para denunciar los abusos que sufren de parte de quienes detentan el poder del Estado y abusan de sus funciones.

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