Unos veinte mil guatemaltecos, entre maestros, comerciantes, amas de casa, una caravana de motoristas y unos trescientos ciclistas, atendieron ayer la convocatoria de manifestación en la Plaza de la Constitución, en el centro histórico de Ciudad de Guatemala, para exigir la renuncia del presidente Otto Pérez Molina.
Los manifestantes se pronunciaron ante las acusaciones de corrupción en el Gobierno que provocaron la dimisión de su vicepresidenta Roxana Baldetti, y del ministro de Energía y Minas, Erick Archila. “Que devuelva todo Baldetti”, “#RenunciaYa Pérez Molina” y “Nos robaron”, rezaban las mantas de los manifestantes, que en su mayoría llevaban pancartas, pitos y banderas para apoyar la causa.
“El pueblo está unido porque no se puede más. Qué Pérez Molina se vaya y se reformen las leyes para acabar con esta cultura de corrupción”, reclamó Aníbal Santos, quien llegó junto con sus dos hijos y esposa.
La marcha aglutinó de manera masiva a estudiantes de la estatal Universidad San Carlos de Guatemala (USAC) y de las privadas Rafael Landívar y Del Valle. Entre las tres suman casi doscientos mil alumnos, quienes nunca se habían organizado en conjunto.
El escándalo por corrupción que inició el 16 de abril provocó la creación de un movimiento social denominado #RenunciaYa, que convocó a una primera manifestación masiva el 25 de abril y repitió el llamado ayer.
La única marcha histórica similar en los últimos veinte años se registró en 2009, cuando el presidente en aquel momento, Álvaro Colom (2008-2012), fue acusado falsamente por el abogado Rodrigo Rosenberg de mandar a asesinarlo.
Red de estafa fiscal y aduanera
El gobierno de Otto Pérez Molina es señalado por corrupción desde el 16 de abril, cuando la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la Fiscalía desarticularon una supuesta estructura millonaria de estafa fiscal y aduanera.
La red ingresó al menos 500 contenedores de manera ilegal al país y presuntamente era dirigida por Juan Carlos Monzón Rojas, secretario privado de la exvicepresidenta y prófugo de la justicia.
La investigación duró 11 meses y se saldó con 29 arrestos entre funcionarios y civiles, tras el análisis de 66.000 escuchas telefónicas.
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