Agentes de Migración y Extranjería del Aeropuerto Augusto C. Sandino negaron el ingreso al país a los abogados del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Luis Carlos Buob y Marta González, a quienes deportaron a Costa Rica tras una serie de atropellos.
Inicialmente les expresaron que no aceptaban su ingreso al país, luego ante la insistencia del abogado le alegaron supuestos vínculos con el narcotráfico. Desde Costa Rica, Buob denunció que los agentes lo lanzaron al suelo y lo pretendieron esposar.
A su vez, le negaron el derecho a comunicarse con abogados del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Buob calificó de “inexplicable, injustificada y desproporcionada la posición del Estado nicaragüense para impedir el ingreso al país”.
Buob dijo que desde Cejil solicitan que las autoridades nicaragüenses se disculpen por el trato recibido, así como una investigación de la prohibición para su ingreso al país, “que me digan cuáles son las razones específicas”, por qué anularon el sello de ingreso a la abogada Marta González y garantías a los defensores de derechos humanos, tanto a los nicaragüenses como los que trabajan a nivel regional.
A González le anularon el ingreso cuando confirmaron que viajaban juntos. En vista que González había grabado el atropello a su colega, le despojaron del teléfono celular. En el caso de Buob, tres agentes se lo arrebataron de forma violenta, y a su vez lo neutralizaron cuando este ya estaba en la sala de espera del aeropuerto.
“Ante el intercambio verbal de preguntar cuáles eran las razones de no ingresar al país y que yo había ingresado en anteriores oportunidades por mi labor de defensor de derechos humanos y por mi trabajo de defensa de derechos humanos en Nicaragua, en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil nicaragüense, no me daban ninguna respuesta válida”, refirió Buob.
A pocos pasos de ingresar al avión en el cual lo retornaron a Costa Rica, Buob dijo que fue sometido a interrogatorio por un agente nicaragüense.
CAUSA PREOCUPACIÓN
“Es una razón de preocupación para mí como directora ejecutiva de Cejil y para la comunidad de derechos humanos de Nicaragua lo que ha ocurrido esta mañana (ayer) con dos de mis colegas”, expresó Viviana Krsticevic, quien había llegado horas antes a Nicaragua.
Buob es uno de los abogados que acompañó a las organizaciones nicaragüenses que denunciaron en el 154 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las violaciones a los derechos humanos con el proyecto del Canal Interoceánico.
Sin embargo, Krsticevic evitó considerar la posibilidad de un posible caso de represalia y prefirió creer que “puede haber un error en los nombres de las personas, puede haber algún tipo de malos entendidos”.
Tanto Krsticevic como Buob y González habían sido invitados por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) para participar en el foro sobre defensores de derechos humanos que hoy se llevará a cabo en Managua, como parte de la celebración del 25 aniversario de esa organización.
NÚÑEZ: GOBIERNO CALUMNIA
“Estamos ante un gobierno violador de los derechos humanos, pero que además comete esas violaciones cometiendo delitos comunes”, sostuvo la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, pues dijo que al imputarle el delito de narcotráfico, las autoridades incurrieron en delito de calumnia.
GRAVE IMPUTACIÓN
La presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, criticó que no es la primera vez que el Gobierno usa las imputaciones de vínculos con el narcotráfico, y lo usan “como un método intimidatorio, persecutorio para criminalizar las protestas sociales”. Lo más grave, dijo Núñez, es que “esta imputación que le hicieron “tiene implicancias serias, pero muy serias para su vida, para su seguridad, para su libertad y su integridad en todo sentido”.
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