Diputados de la oposición han demandado que el Gobierno aclare el caso de los 26.3 millones de dólares, de una deuda de Nicaragua con Venezuela que supuestamente fue perdonada secretamente por el extinto presidente venezolano, Hugo Chávez.
Este asunto fue revelado por el diario estadounidense El Nuevo Herald, que asegura haber obtenido un documento oficial venezolano que lo confirma. Según la información, en el año 2007, después que Daniel Ortega recuperó el poder, Chávez ordenó al Fondo Nacional para el Desarrollo Nacional (Fonden), de Venezuela, que perdonara una deuda de Nicaragua de 26.3 millones de dólares.
Chávez justificó su decisión alegando que Nicaragua había solicitado una condonación de deuda, amparado en la Iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC por su sigla en inglés). Sin embargo, los auditores del Fonden advirtieron que aquella orden de Chávez violaba los lineamientos legales de dicha entidad financiera.
“Posteriormente —dice el informe periodístico— Venezuela siguió ayudando a Nicaragua aunque este país claramente demostrara que no tenía la capacidad de pagar sus deudas”. De manera que ya “para el 2012, Nicaragua le debía a Venezuela una cantidad mayor a 2,715 millones de dólares por el crudo suministrado a través de Petrocaribe”.
Los diputados nicaragüenses de oposición cumplen su deber, al demandar que el gobierno de Daniel Ortega aclare si es verdad o no que el presidente venezolano ordenó tal condonación de deuda; y si esto hubiese sido cierto, que informe a dónde fueron a parar esos 26.3 millones de dólares. El actuar absolutista de Hugo Chávez es problema de los venezolanos, pero lo que pasa con la deuda de Nicaragua con Venezuela es un asunto del legítimo y directo interés de los nicaragüenses. Y por tanto el gobierno de Ortega tiene la obligación de rendirles cuentas.
Estamos claros de que esta demanda de la oposición no será atendida por el régimen orteguista, que se distingue precisamente por ocultar la información de interés público, en particular la que tiene que ver con la cooperación venezolana y la deuda con Venezuela. Sobre esto la revista salvadoreña en línea, El Economista, informó en su edición del 5 de marzo pasado que “oficialmente no existen en Nicaragua datos sobre la deuda del país con Venezuela, debido a que el Gobierno (de Daniel Ortega) los mantiene al margen del Presupuesto General de la República”. Y agregó esa publicación especializada en temas económicos salvadoreños y centroamericanos, que la oposición de Nicaragua ha calculado el monto de esa deuda “entre unos 2,500 y 2,700 millones de dólares, en los últimos años”.
Es razonable suponer que si el Gobierno no da a conocer informaciones que por su naturaleza y por mandato de la Constitución y las leyes deben ser públicas, es porque algo indebido se quiere ocultar. Cuando luchaba por recuperar el poder, y lo hacía no solo en las elecciones sino también con asonadas y otros actos de violencia extrema, Daniel Ortega no cesaba de exigir transparencia a los gobiernos de la democracia. Pero desde que volvió a adueñarse de Nicaragua, la claridad desapareció por completo de la administración estatal y gubernamental.
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