La agrupación opositora denominada Coalición Nacional por la Democracia, ha presentado públicamente una demanda de garantías para que las elecciones nacionales del próximo año puedan ser básicamente justas, transparentes y confiables.
La propuesta de esta agrupación opositora, que es encabezada por el Partido Liberal Independiente (PLI), contiene tres puntos que se desglosan en 17 temas específicos, cuyo cumplimiento por parte del Gobierno, según dicen los proponentes, devolvería la credibilidad y daría las garantías básicas “para que todos los ciudadanos puedan ir a votar y elegir con su voto, tal como ordena nuestra Constitución Política”.
Esta no es la primera vez que se presenta una propuesta de cambios en el sistema electoral, para restablecer la confianza de los ciudadanos democráticos e independientes en las elecciones. De hecho todos los partidos y grupos opositores han planteado que se hagan reformas electorales. Y desde la sociedad civil, en marzo de 2013 el Grupo Promotor de las Reformas Electorales, integrado por organizaciones no gubernamentales de mucho prestigio (como Ética y Transparencia, Ipade, Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, entre otros), presentó un consistente plan de reformas a la Ley Electoral y cambios en el Consejo Supremo Electoral, “para rescatar la credibilidad” en las elecciones.
También la Iglesia católica de Nicaragua, lo mismo que la evangélica, se han pronunciado alrededor de este tema que es clave para la sanidad política del país. En mayo del año pasado, los obispos entregaron personalmente a Daniel Ortega una carta de reflexión y propuestas de soluciones a los problemas nacionales más apremiantes, haciendo hincapié en la necesidad de garantizar en el 2016 “un proceso electoral presidencial absolutamente transparente y honesto ” Y los líderes de las evangélicas Asambleas de Dios, con otras palabras también se han pronunciado al respecto.
Incluso las misiones de observación electoral de la OEA y la Unión Europea en los comicios anteriores, han dejado constancia de la necesidad de reformas electorales para garantizar que las votaciones y el escrutinio de los votos se realicen “con transparencia, confianza y credibilidad”.
Pero Ortega no ha atendido ninguna de esas demandas, porque no es demócrata y solo utiliza los mecanismos de la democracia, desvirtuándolos, para ejecutar su proyecto de consolidarse y perpetuarse en el poder.
Por experiencia histórica se conoce que Daniel Ortega solo ha atendido las demandas de reformas democráticas, cuando tuvo que enfrentar una gran presión nacional e internacional y su poder estaba en crisis. Lo cual, evidentemente, no es la situación actual.
Sin embargo, la lucha por garantías electorales es legítima y se debe perseverar en ella cada vez con más fortaleza, hasta romper la arrogante resistencia del dictador. Si no hay elecciones libres y limpias no puede haber democracia. Daniel Ortega no quiere dejarle a la oposición más salida que la violencia, porque seguramente se siente invencible con su Ejército, su Policía y el poderío ruso que lo respalda. Pero la lucha armada no es alternativa, se trata de un recurso anacrónico que, como se ha visto en el pasado, no conduce a una auténtica democracia.
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