El conocido jurista y profesor de Derecho, Gabriel Álvarez, dijo que las detenciones irregulares en Rivas por el asesinato del oficial de Inteligencia del Ejército, Rafael Ángel Delgadillo, y el anuncio de la Policía de que uno de los detenidos murió en su celda por ahorcamiento, son “una política institucionalizada del terror, es implantar el terror, andar implantando el terror entre la ciudadanía”.
A su vez, el exprocurador general de Justicia, Alberto Novoa, aseguró que las autoridades policiales “están violando principios constitucionales, cual es la libertad, cual es la seguridad, y por lo tanto no solamente violan el debido proceso, sino que arremeten contra el principio de derechos humanos”. Lo cual fue ratificado por el exmagistrado de apelaciones, Alfonso Dávila Barboza, quien señaló que “lamentablemente en este país estamos siendo manejados por gente que no le importan los derechos humanos, no le importa el debido proceso”.
Como es del conocimiento público, el 28 de abril pasado seis personas fueron capturadas en la ciudad de Rivas por hombres encapuchados y fuertemente armados, que no se identificaron pero los familiares de las víctimas aseguraron que eran miembros de la fuerza policial.
Por la forma arbitraria de esa detención, la Policía violó su propia Ley que en su capítulo primero dice lo siguiente: “La investigación para el descubrimiento y comprobación de los hechos presuntamente delictivos, será efectuada conforme las reglas lógicas, técnicas y métodos científicos propios de tal actividad, salvo las limitaciones establecidas en la Constitución Política, los tratados y convenios internacionales ratificados y la ley. El resultado de su investigación será presentado como informe al Ministerio Público o a la autoridad judicial competente”.
Estamos citando la nueva Ley de la Policía, que fue dictada en junio del año pasado para legalizar su sometimiento al poder autocrático de Daniel Ortega. Pero aún así, y a pesar de que los legisladores orteguistas no especificaron que las limitaciones que la Constitución y los tratados internacionales imponen a la investigación policial, son las normas de derechos humanos y del debido proceso, esto es exactamente lo que significan.
Pero peor todavía que las detenciones arbitrarias, fue la información de la Policía mediante una simple nota de prensa, de que a uno de los detenidos, Francisco Javier Ponce Sanarrusia, lo encontraron muerto por ahorcamiento en su propia celda de la cárcel El Chipote, donde lo estaban investigando. Y solo después de informar sobre el misterioso ahorcamiento, la Policía acusó al occiso y dos personas más por el asesinato del oficial de Inteligencia.
Corresponde a la administración de justicia determinar si los acusados son culpables o no, pero antes la Policía tiene que explicar de manera creíble cómo es que Ponce Sanarrusia se pudo colgar él mismo, si en ninguna cárcel los reclusos tienen a su disposición medios para quitarse la vida, y mucho menos en El Chipote, donde los reos son obligados a permanecer desnudos o en calzoncillos.
Como dijo a LA PRENSA el jurista Gabriel Álvarez, “si la Policía no enmienda de inmediato y deduce las responsabilidades, vamos a seguir recibiendo la trágica noticia de más muertos y más desaparecidos… y eso no es propio de un Estado de Derecho, sino de un Estado de terror”.
