La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el incumplimiento de parte del sistema de justicia de Nicaragua de acatar un amparo admitido a favor de Roberto Solórzano y la familia Solórzano por el caso de Laboratorios Solka.
La ANPDH explica a la CIDH que después de más de siete años ninguna autoridad en el país acata un amparo del Tribunal de Apelaciones, que manda a la Procuraduría General de la República (PGR) abstenerse de continuar ejecutando actos que atentan contra la propiedad privada de la familia Solórzano.
Denuncia la ANPDH que en junio de 2007 el Gobierno, bajo un “oscuro proceso judicial de tercería”, nombró un interventor judicial, quien en asociación con trabajadores del partido en el Gobierno inició una nueva administración al margen de los socios mayoritarios, que es la familia Solórzano.
Recuerda la ANPDH que la familia Solórzano fue afectada por la confiscación ejecutada por el gobierno sandinista en los años ochenta. Pero en 2001 recuperaron la mayoría de las acciones de esa empresa hasta alcanzar el sesenta por ciento de las mismas.
Sin embargo, dice la ANPDH, a la fecha la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no ha resuelto en el fondo el recurso de amparo y la PGR ha cumplido con la sentencia interlocutoria que resuelve “abstenerse de no continuar ejecutando actos perturbatorios que atentan contra la propiedad privada de la familia Solórzano”.
No hay voluntad
El secretario ejecutivo de la ANPDH, Álvaro Leiva Sánchez, explicó que existe una clara omisión por parte del Estado de cumplir con la sentencia judicial interlocutoria a favor de la familia Solórzano.
Hasta ahora la familia Solórzano no ha sido beneficiada del derecho de su propiedad. Tampoco ha sido resarcida de las utilidades devengadas por el Estado de Nicaragua durante este tiempo. A su vez, no le han sido pagados los daños y perjuicios ocasionados, indicó Leiva.
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