Los empresarios del país aglutinados en el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) cerraron filas ayer en respaldo al empresario Milton Arcia.
La demolición total de su propiedad y posterior arresto de Arcia afectan derechos constitucionales fundamentales para la seguridad jurídica, dice el Cosep.
A través de un comunicado el Cosep demanda el respeto de la integridad física del empresario Milton Arcia y sus derechos de propiedad, así como una investigación inmediata de parte de las autoridades competentes sobre la irregular actuación de funcionarios y miembros de la Policía, “que actuaron bajo el amparo de la fuerza y la impunidad”.
El Cosep recuerda que “sin respeto a la propiedad privada no puede haber empresas ni empresarios seguros que puedan trabajar con ahínco para generar prosperidad, y por tanto, tampoco puede haber una sociedad más democrática”.
Para Leonardo Torres, presidente la Cámara Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Industria Turística (Cantur), lo sucedido con el empresario Milton Arcia “genera un ambiente de indefensión legal para quienes invertimos en el turismo” en el país.
Torres insistió que “hay una inestabilidad extraordinaria que nadie se esperaba” en el sector, porque el mensaje enviado a los empresarios locales y extranjeros es de que no hay garantía legal para las propiedades que construyen.
“En Cantur somos del criterio que hubo un exceso, creo que la Policía fue desproporcionada en la forma de maltratar a un empresario y más a una persona de edad, Milton tiene 70 años y no es correcto cómo lo trataron, he visto los videos y es lamentable lo que le hicieron”, repudió Torres.
El pasado Viernes Santo, a primeras horas y sin ninguna orden judicial, maquinaria llevada a Moyogalpa, isla de Ometepe, procedente de Granada y auxiliada por policías antimotines, demolieron el hotel en construcción propiedad de Arcia. Al oponerse el empresario, quien contaba con el respaldo de pobladores del lugar, este fue arrestado de forma violenta. Junto con Arcia fueron detenidos Henry Ruiz, del Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra y su hermano Alí Ruiz, quienes estaban entre los pobladores que respaldaban a Arcia.
ES CONFISCACIÓN
Arcia consideró que la acción emprendida en su contra es una confiscación como resultado de la “persecución” emprendida en su contra por hablar con “credibilidad”.
“No andamos hablando mentiras, tenemos credibilidad cuando nosotros denunciamos”, aseguró Arcia, en referencia a sus constantes denuncias el año pasado tras el desalojo del que fue objeto de su local en el Malecón, en Managua.
Aunque Arcia indica que a través de las redes sociales hubo un secretario político del partido gobernante que escribió un comentario en el cual sostiene que esto fue el resultado de haber financiado a los grupos que protestan por la construcción del Gran Canal, Arcia lo minimizó; sin embargo reconoce que sí ha ayudado a los que rechazan la construcción del Canal.
Arcia alegó que cuenta con una escritura pública ya inscrita en el Registro de la Propiedad de Rivas que el Estado, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), le extendió el año pasado, en compensación por la propiedad del Malecón de donde fue desalojado.
Se trata de la escritura número 360 elaborada por el Notario VI del Estado, Rafael Oswaldo Mena Calero, a través del cual el Gobierno le otorgó un área de 13,103.44 metros cuadrados, en cuyos linderos al oeste especifica están las costas y Gran Lago de Nicaragua.
Extrañamente, posterior a la actuación policial y a la demolición de la infraestructura, en las inmediaciones de las oficinas de Arcia aparecieron tres hojas de papel con el membrete del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena) en la que señala una supuesta inspección, de la que Arcia dice no estar al tanto. “Están con las patas metidas y no hayan cómo sacarlas”, declaró Arcia sobre este papel, pues cuenta con estudio ambiental extendido desde hace diez años por el mismo Marena, en época del ministro Arturo Harding.
El secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva Sánchez, consideró que esta actuación del Gobierno “violenta la propiedad privada”, pues existía un compromiso con Arcia de respetarle la infraestructura, su propiedad e inversión que estaba en Moyogalpa.
Leiva Sánchez señaló que coincidentemente alrededor de la familia de Arcia ocurrieron otros acontecimientos que llaman la atención, como fue el hundimiento de un yate en el que viajaban tres periodistas y el robo de un camión de carga de una línea de transporte internacional, que posteriormente apareció.
7,000,000 de dólares se estima está valorado el hotel en construcción propiedad de Milton Arcia, demolido en Moyogalpa el viernes por maquinaria auxiliada por policías antimotines.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) demandó una investigación exhaustiva de los hechos acaecidos el pasado viernes.
La presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, calificó de “barbarie danielista” la forma en que fue tratado el empresario, según los videos que circularon en las redes sociales. No solo fue un abuso de autoridad, sino un hecho ejecutado por “una tropa de salvajes”.
Núñez refirió que el presidente inconstitucional Daniel Ortega “al utilizar los días feriados se convierte en un criminal que actúa con premeditación y alevosía, para que los hechos queden en la impunidad”.
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