Tras el derrocamiento de la dictadura somocista, uno de los primeros actos de gobierno de la JGRN fue la suscripción de la Convención Americana de Derechos Humanos que prohíbe la censura previa y sujeta a responsabilidades ulteriores el ejercicio de la libertad de expresión. Pero el régimen sandinista nunca honró su compromiso internacional y por medio del Ministerio del Interior ejercía censura previa.
Hoy en día, el régimen orteguista por aparentar la existencia de una democracia no realiza censura previa, pero propicia otras prácticas identificadas como censura indirecta.
La censura indirecta son acciones u omisiones realizadas por un gobierno tendiente a crear presión sobre los medios de comunicación a fin de restringir su derecho a informar que comprende buscar, recibir y difundir la información. Entre estas prácticas tenemos: falta de criterios legales para el otorgamiento de pautas publicitarias del Estado; negativa de acceso a instituciones o información pública; asignación inequitativa y negativa de renovación de licencias de radio y tv; presiones a periodistas y medios para modificar su contenido.
La concentración de medios televisivos de la familia Ortega y su amigo de Ratensa, representa una distribución inequitativa de las concesiones, lo que afecta nuestro derecho a la libertad de información, ya que como sociedad tenemos derechos a la existencia de pluralidad de medios y diversidad de contenido. Prueba de ello es que en el país básicamente desaparecieron los programas televisivos de opinión en señal abierta, ahora solo existe periodismo de revista y propaganda oficial simulando ser programas de opinión.
La falta de criterios en la asignación de pautas publicitarias por una parte ha enriquecido a este emporio mediático con nuestros impuestos y por otra sirvió para silenciar en su momento a El Nuevo Diario. Para nadie es un secreto el dramático cambio de línea editorial del referido rotativo, a punto tal de ejercer censura con excolaboradores como yo, al eliminar de su sitio web artículos de opinión considerados inconvenientes para el régimen.
Recientemente en México, la connotada Carmen Aristegui fue víctima de censura indirecta al haberse cancelado su contrato con la empresa MVS por supuesto uso indebido de la marca. Aristegui ha hecho fuertes denuncias de corrupción contra el gobierno de Peña Nieto. Al respecto, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal invitó al medio a hacer uso de la figura inédita con la que cuenta, el ombudsman, para resolver la controversia y no afectar el derecho a la información de la sociedad; también enfatizó la necesidad de conciliar la libertad de empresa y el derecho a la información, considerando que la concesión es un bien público.
En la última audiencia sobre libertad de expresión en la CIDH, representantes de esta preguntaron a los peticionarios ¿Qué recomendarían a la CIDH hacer respecto a la concentración de medios? No existió una respuesta contundente y evidenció que las realidades sobre la restricción de la libertad de expresión han superado los estándares normativos regionales, lo que al mismo tiempo plantea un nuevo reto para el sistema interamericano.
Debido a que el sistema interamericano en su conjunto no ha brindado una respuesta contundente a la censura indirecta y retomando la buena práctica de MVS de tener un ombudsman sobre la libertad de expresión en el medio (aunque no sometió el caso de Aristegui) es necesario que en Nicaragua se cree desde sociedad civil un ombudsman sobre libertad de expresión, que por una parte sistematice las restricciones a este derecho y por otra, se pronuncie sobre situaciones particulares, como estrategia para elevar el costo político del régimen en la restricción a la libertad de expresión. Defender la libertad de expresión de la censura indirecta, requiere la articulación de esfuerzos desde la sociedad civil y mirar más hacia adentro. El autor es maestro en Derechos Humanos
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
