Las instituciones más recurridas ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por violar derechos constitucionales son el Instituto Nicaragüense de Energía (INE), la Policía Nacional, las Alcaldías, Aduana, Ministerio del Trabajo, jueces, entre otros, arrojó el balance 2014 de dicha sala.
De las 1,443 sentencias emitidas el año pasado por dicha sala, solo 205 fueron declaradas con “ha lugar”, el resto fue resuelta con “no ha lugar”, “desierta”, entre otras figuras. “No se les da lugar porque muchas veces falta la vinculación entre los hechos y la norma constitucional violada, es decir no la encuadran con la norma transgredida”, justificó el magistrado Francisco Rosales.
Uno de los casos más comunes contra el INE es el problema de facturación, mientras que contra la Policía es porque se quedan con las cosas incautadas, por cerrar cantinas y por despidos injustificados.
Contra los jueces, según Rosales, se debe a que “abusan de su poder”, a veces notifican por la tarde, nombran guardador ad litem de otro lugar. Y contra la Procuraduría General de la República, porque se excede en sus funciones, dijo el magistrado. Según Rosales el noventa por ciento de las sentencias se cumple.
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