Debajo de un toldo verde, detrás de una mesa plegable diminuta y ante una máquina de escribir tan gastada que ha perdido la etiqueta de la marca, Vanessa Gómez Soto teclea sobre el papel sellado un poder legal que le solicitó una mujer sesentona, de blusa naranja, que se sienta en uno de los bancos plásticos a esperar el papel, mientras espera le pregunta dónde venden frescos que no estén tan dulzudos.
“¿Quedamos en 150 pesos sí?”, le dice varias veces a la señora mientras teclea el poder que servirá para hacer diligencias en la DGI (Dirección General de Ingresos), en Aduanas y en el Registro de la Propiedad.
Es mediodía y es probable que sea la última cliente de esta jornada de Vanessa, quien diario abre este caramanchel legal a eso de las seis de la mañana frente a las oficinas de la Dirección General de Migración y Extranjería, sobre la acera del Maxi Palí, en el barrio San Luis.
“En temporada alta se abre a las cinco y media de la mañana”, dice Vanessa y explica que esa temporada es de diciembre a febrero cuando llega una marea de viajantes que requiere toda clase de permisos legales, el más común, sin duda, según dice, es el permiso legal para sacar a un menor de edad del país. Con ese tema hay que tener mucho cuidado, según explica Vanessa, quien se graduó de abogada en el 2013 y ahora espera su sello y el permiso de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para ejercer como notaria.
Por ahora, los distintos papeles legales que le piden los redacta, pero luego lo sella y lo firma uno de los notarios que también han puesto su caramanchel legal en la misma acera.
Alrededor de 18 abogados y notarios y gente con dotes de escribanos han improvisado bufetes legales en este andén desde hace unos veinte años. En medio de ellos hay fotocopiadores, fotógrafos instantáneos y gestores, estos últimos son los más dinámicos, los que cruzan la calle y esperan en la puerta de Migración a los potenciales clientes. Son también los que atacan a la gente con su oferta de servicios antes que se bajen del taxi. Son los que más ganan, pueden cobrar hasta 500 o 600 córdobas, lo que ellos estimen, por los trámites. Por un permiso legal, el gestor paga al abogado que redacta el papel alrededor de ochenta pesos.
“Hoy me fue algo regulón. La ganancia mía hice trescientos córdobas”, dice Vanessa.
Hace hincapié en lo “mío” porque del total que recaudó ya sacó el pago al armador del toldo, el alquiler de bodega donde guarda la máquina de escribir y la mesa, y la inversión en papel sellado en el que se gasta entre 13 y 15 pesos, explica esta mujer de 34 años que se hizo mamá en la adolescencia.
NIÑA-MAMÁ
Su papá y su mamá se separaron cuando ella tenía 9 años. Después de esa ruptura rodó por distintos barrios de la capital. Su última parada fue en el barrio La Fuente. Entró a estudiar a la Normal secundaria y paralelo comenzó a jalar y a tener relaciones sexuales con su novio.
No era porque no conociera los métodos anticonceptivos que salió embarazada, sino “más que todo por la confianza que en general uno nunca desarrolla con los padres”, dice. Su mamá es enfermera y mantenía en la casa algunas medicinas, en un tarro Vanessa había visto los paquetes de pastillas, pero no se atrevió a usarlas por temor a que su mamá la descubriera. Recuerda que ella y su novio practicaron ingenua, e inútilmente, el método del coito interrumpido “o como dicen las chavalas popularmente: no terminés adentro”, refiere Vanessa. Pero no les resultó. A los 13 quedó embarazada y su mamá la despachó de la casa. Fue la primera vez que le dio la espalda.
PRIMERO OPERARIA DESPUÉS ABOGADA
Vanessa tiene tiempo para contar su historia. Durante un buen rato nadie se detiene a preguntarle por sus servicios legales. Un par de muchachas que llevan paquetes desechables en bolsas de saco, se detienen y le dejan uno de los paquetes. “¿Y la Verónica?”, le pregunta la muchacha interrumpiendo los recuerdos de Vanessa. “No está”, contesta Vanessa. “¿Y el pagó de esto?” increpa la vendedora. “Decile a la Verónica”, responde Vanessa. La vendedora vuelve a ver y le dice: “No te lo puedo dejar”.
LA PRENSA/ A. MORALES
“Ah pues llevátelo”, contesta Vanessa, quien vuelve a apoyar sus manos en la mesa y a rebobinar la cinta de su vida en los últimos veinte años.
Después del episodio del embarazo, narra con lujo de detalles el calvario que vivió con el papá de su hija. “Nunca se responsabilizó”, dice y ahonda en que se fue a vivir con su suegra y era ella quien los mantenía. Él salía a las calles, se supone que a buscar trabajo y siempre llegaba con las manos vacías. No encontraba nada. Un día se hartó de esa situación, no vivir sin un centavo y tener que pedir dinero hasta para lo mínimo y salió a buscar trabajo y halló empleo de operaria en la Zona Franca. Se quedó dos años como obrera, en la época en que no había regulación de la jornada. “Tenías hora de entrada pero nunca de salida. A veces salía hasta el día siguiente, a las tres o seis de la mañana”. Llegaba a la casa de su suegra y el marido no le abría la puerta porque creía “que andaba de vaga mientras mi criatura lloraba de hambre”, dice.
Su voz enronquecida cuenta esos pormenores con la rapidez mecánica de los abogados cuando leen una escritura ante sus clientes.
A su alrededor está Verónica, una mujer de anteojos y pelo amarrado con una cola, quien conversa con un par de muchachos que merodean esta acera multiservicios. A Verónica le tiene especial cariño porque le tendió la mano hace unos años cuando la corrieron del despacho de una notaria que trabaja allí mismo.
Verónica, quien hace poco se largó en una moto, no tuvo problemas en compartir con ella el espacio debajo del toldo y en explicarle los pormenores de los documentos legales que allí se emiten. Para que estuviera sentada allí, también se lo debe a Mario y a Julia, la señora del comercio que sigue. Ambos la apoyaron cuando la echaron de la caseta legal donde trabajaba antes.
“Como siempre dicen que un diablo lo bota y un ángel lo recoge”, comenta. Recuerda que Mario le dijo, entre retándola y bromeando, que “aunque sea en la raya amarilla” ponés tu mesa y trabajás.
Desde hace ocho años está allí sentada, en esa acera de toldos y negocios legales que mueren después de mediodía y que funcionan de lunes a viernes. Los fines de semana trabaja en su casa. Algunos clientes la llaman y le solicitan escrituras de compra-venta de terrenos, permisos o poderes. De su trabajo depende ella y su hija de 20 años, estudiante de segundo año de Comunicación Social en la U de M (Universidad de Managua).
Después de varios desencuentros, volvió a la casa de su mamá y vive con ella y su hija, tal vez por eso, cuando arranca a contar su historia, dice “soy madre soltera… la historia es larga pero se puede resumir”. En realidad, no la resume, pero se interrumpe cuando llega la señora que pregunta por los refrescos que ojalá no estén dulzudos.
SE HACE CUALQUIER “TIRO” LEGAL
Habla a título de un colectivo. “Elaboramos escrituras, permisos de salida, visas de salida a menores”, entre otros, pero también se emiten poderes legales de todo tipo. Uno de los servicios más demandados, por el que cobra entre 150 pesos y 200, es el permiso para que los menores de edad puedan salir del país con uno de sus padres. Con eso hay que tener cuidado. Las autoridades de Migración son exigentes, no emiten pasaportes si no se presentan los dos papás, explica la abogada Vanessa Gómez y eso obliga a los abogados que están en la acera de enfrente a ser minuciosos también. “A veces viene solo uno de los padres, con la cédula del otro papá o de la mamá. Para nosotros los abogados eso es un riesgo. Yo no estoy segura de que usted como padre está dando la autorización para que se lleve al menor”, explica. Si por ejemplo, hay un juicio por la patria potestad de un niño y uno de los papás se lo lleva, el abogado que emitió el permiso puede ser suspendido por haber emitido el permiso. Por lo menos, “tiene que ponérmelo al teléfono”, dice.
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