El miembro de la Comisión del Gran Canal de Nicaragua, Kamilo Lara, afirmó que el Gobierno dejó «al descubierto» las denuncias contra el proyecto, durante una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada el 16 de marzo.
«Creo que quedaron al descubierto (los denunciantes) con el planteamiento del Gobierno de Nicaragua (…) que el canal es amigable con el medio ambiente», dijo Lara a través de medios del Gobierno.
Once organizaciones civiles habían denunciado ante la CIDH el proyecto del canal interoceánico por su «grave impacto» ambiental y a los derechos humanos de los afectados.
«Se quedó de manifiesto que la incidencia de ellos es meramente de carácter político de tratar de desprestigiar los esfuerzos que está haciendo Nicaragua», sostuvo Lara.
El proyecto, cuyas obras se inauguraron en diciembre pasado, consisten en un canal de 278 kilómetros de longitud, con 230 a 520 metros de ancho por 30 de profundidad, es decir, tres veces más grande que el de Panamá.
El mismo incluye dos puertos, un aeropuerto, dos esclusas, un lago artificial, carreteras, zona de libre comercio, un complejo turístico y fábricas de acero y cemento.
Su construcción hará que se duplique el crecimiento económico del país, previsto para un 45, % a un 5 % en 2015, según las proyecciones del Banco Central de Nicaragua.
La concesionaria de la obra, la firma china HKND Group, espera culminarla a fines de 2019, a un costo de 50.000 millones de dólares.
Organizaciones civiles, científicos, campesinos, religiosos, ambientalistas y otros sectores, han mostrado su desacuerdo con el canal, especialmente porque carece de estudios de impacto ambiental y social, manda a expropiar sin derecho a apelación, y porque compromete las reservas del BCN a favor de HKND.
