La presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff. LA PRENSA/ AP/ ERALDO PERES

Otro caso de corrupción

La Policía de Brasil desarticuló ayer una red acusada de haber desviado cerca de cien millones de reales (unos 31.2 millones de dólares) de la Caixa Económica Federal.

La Policía de Brasil desarticuló ayer una red acusada de haber desviado cerca de cien millones de reales (unos 31.2 millones de dólares) de la Caixa Económica Federal, el segundo mayor banco público, lo que aumentó la presión sobre el gobierno de Dilma Rousseff en el combate a la corrupción.

[doap_box title=»División» box_color=»#336699″ class=»aside-box»]Once personas han sido condenadas y 82 son juzgadas en el marco de la investigación por la corrupción en Petrobras. La Corte Suprema de Justicia autorizó investigar a cincuenta políticos, entre los que están los dos jefes del legislativo y cinco exministros de la presidenta.

El escándalo ha generado una fragmentación en el Congreso, que podría dificultar la aprobación del ajuste fiscal propuesto por el Gobierno para equilibrar las maltrechas cuentas públicas.[/doap_box]

Según la Policía federal, con la complicidad de gerentes y funcionarios de la Caixa Económica Federal y presentando documentos falsos, la banda conseguía obtener en tiempo récord préstamos por hasta un millón de reales (unos 312,500 dólares) para adquirir viviendas que costaban menos de la décima parte de ese valor o no existían.

Los fraudes estaban concentrados en tres agencias del banco público y facilitaban los préstamos para viviendas en un área turística con conocidos balnearios en el Estado de Río de Janeiro, conocida como Región de los Lagos.

La operación para desmontar la red enquistada en la entidad coincide con el primer aniversario de la operación Lava Jato, la cual desenmascara desde hace un año la compleja red delictiva instaurada en la empresa estatal petrolera Petrobras, de la que formaban parte empresas de la construcción, ejecutivos y políticos.

El juez responsable por la investigación ordenó 34 mandatos de conducción coercitiva para permitir que los acusados sean trasladados y sometidos a interrogatorios en comisarías, así como diez mandatos de separación de funcionarios públicos de sus funciones. Los responsables por la operación también cumplieron veinte órdenes de decomiso de vehículos y 31 mandatos de allanamiento y de bloqueos de cuentas corrientes en Minas Gerais, Río de Janeiro y Sao Paulo.

La corrupción ha golpeado fuertemente la popularidad de Rousseff y está en su nivel más bajo desde que asumió el poder en 2011 y también fue el principal motivo de las protestas que el domingo llevaron a las calles a cerca de dos millones de personas en todo el país, según una encuesta del diario Folha de Sao Paulo. La encuesta también indica el segundo motivo para protestar en Sao Paulo, la manifestación más masiva, fue con un 27 por ciento la destitución de Rousseff.

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