La economía de Venezuela va a empeorar rápidamente si a su mayor fuente de ingresos, la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), se le bloquean sus operaciones en el mercado del crudo al ser investigada por lavado de dinero por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (EE. UU.). Ese escenario lo vaticinan especialistas internacionales por dañarse la reputación de PDVSA, algo en lo que coinciden economistas y políticos en Nicaragua quienes temen que la economía del país sea “arrastrada” por una disminución acelerada de la cooperación petrolera que da el gobierno de Nicolás Maduro.
“Se trata de una situación grave, porque la intención de Estados Unidos es bastante clara: cercar y estrangular con una serie de medidas” al gobierno de Maduro, “donde el último golpe es a las finanzas por medio de PDVSA”, dice el economista nicaragüense Alejandro Aráuz.
Lo preocupante para Aráuz es que los ingresos que recibe Nicaragua a través del acuerdo petrolero con Venezuela se reduzcan más rápido o incluso se suspendan si Maduro no logra superar la crisis económica y política.
“Nos puede arrastrar, esto va a repercutir no solo en el suministro del petróleo, también en la ayuda económica que proviene de ese suministro porque una empresa que ve dificultad en sus operaciones suspende sus entregas”, dijo.
Nicaragua compra a Venezuela el 91 por ciento de su requerimiento de crudo y sus derivados, unos nueve millones de barriles por año, según el Ministerio de Energía y Minas (MEM). El acuerdo petrolero con Caracas le deja al Gobierno unos quinientos millones de dólares por año.
INVESTIGACIÓN PUEDE “SALPICARNOS”
Una investigación del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) —unidad antilavado de dinero del Departamento del Tesoro estadounidense—, reveló que PDVSA lavó cerca de dos mil millones de dólares a través de Banca Privada d’Andorra (BPA), una de las cinco entidades financieras que operan en la pequeña nación europea ubicada entre España y Francia.
El diputado opositor Carlos Langrand no descarta que la investigación a PDVSA puede “salpicar” a Nicaragua debido a los negocios privados del Gobierno del presidente inconstitucional, Daniel Ortega, a través de la empresa Alba de Nicaragua (Albanisa) un consorcio mixto creado por la estatal venezolana y Petróleos de Nicaragua (Petronic).
“SON ZORROS DEL MISMO PIÑAL”
Langrand asegura que Ortega “es conocedor de cómo se manejan estos fondos y cómo se transfieren” y por tanto “no puede decir que está al margen del escándalo que está pasando en PDVSA, son zorros del mismo piñal”. “Claro que va a tener una arista negativa porque estos fondos (de la cooperación) se manejan con discrecionalidad y como una herramienta para socavar democracias, como una herramienta para alinear hacia las políticas que dicta La Habana (Cuba) y Venezuela”, sostiene el legislador.
Asegura el FinCEN que la red de lavado de PDVSA se movía a través de empresas fantasmas con la ayuda del consejero delegado de BPA, Joan Pau Miquel Prats, a quien se le abonaban “exorbitantes” comisiones para procesar las operaciones con dinero “derivado de la corrupción”. Miquel Prats está a la orden del juez en Andorra.
REPUTACIÓN DAÑADA
El activo valioso de una compañía es su reputación y PDVSA la perdió y como consecuencia sus negocios financieros con bancos y otras empresas serán “súper vigilados y hasta habrá quienes ya no quieran tener relación comercial con ella”, dice el economista Aráuz.
El exfiscal federal de EE. UU., Charles A. Intriago, fundador de la revista Money Laundering Alert, quien —citado por agencias internacionales— apunta que “de ahora en adelante todas las cuentas de PDVSA serán escudriñadas con mucho cuidado”
“Ha habido ejemplos donde una notificación como esta a ciertos bancos han conducido al colapso del banco”, por lo tanto los bancos que operan con PDVSA van a querer evitar este tipo de riesgo a todo lugar”, afirma Intriago.
2,000 millones de dólares es el monto lavado a través de estas operaciones, pero el monto total de fondos venezolanos lavados por BPA con el correr del tiempo supera los US$$4,200 millones, según el Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), unidad antilavado de dinero del Departamento del Tesoro.
SITUACIÓN DE RIESGO PARA NICARAGUA
Aráuz no descarta que esa presión sobre las cuentas bancarias se extienda a las empresas filiales creadas por PDVSA en los países socios de Venezuela en Petrocaribe.
“Para nuestro país es una situación de riesgo lo que sucede con PDVSA —insiste— debido a que el gobierno de (Nicolás) Maduro se ha endeudado tanto con China y Rusia, por ejemplo, y sus únicos ingresos son de la empresa petrolera, pero que no está produciendo en los niveles de explotación ni con los rendimientos y la productividad deseada”.
Recordó Aráuz que la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) ha advertido al Gobierno que su excesiva dependencia de la cooperación petrolera de Venezuela representa un riesgo muy alto para la sostenibilidad de la economía local.
“Esa advertencia se cumple con la caída del precio del petróleo a nivel internacional que le deja menos recursos de la cooperación y no dude que eso afectará las estabilidad económica y su crecimiento”, afirma.
Para Aráuz la visita relámpago de Maduro a Managua el viernes pasado “fue para discutir los problemas con la cooperación”, más que recibir “mediáticamente el respaldo político de Ortega” por el conflicto con EE. UU.
El acuerdo petrolero establece que el cincuenta por ciento de la factura de crudo, Nicaragua lo paga en noventa días, con un interés de dos por ciento anual. El otro cincuenta por ciento se paga en un plazo de 23 años, más dos de gracia. De aquí Albanisa asume el 25 por ciento y crea el Fondo Alba, que se maneja como cooperación para financiar inversiones privadas y los programas asistencialistas.
