Un millón de brasileños se manifestaron ayer pacíficamente en Sao Paulo, según la Policía, y medio millón más en 83 ciudades de Brasil contra la presidenta Dilma Rousseff, que enfrenta un complejo cóctel de tensión social, política y económica derivada en parte del gran escándalo de corrupción en Petrobras, y con una popularidad en 23 por ciento. Las protestas igualaron las espontáneas marchas callejeras de junio de 2013.
“Hoy somos miles y miles de personas que pedimos el ‘impeachment’ (destitución) de Dilma Rousseff. El Gobierno está en una situación lamentable”, dijo Rubens Nunes (26), asesor jurídico del Movimiento Brasil Libre, uno de los grupos que organizó la protesta en las redes sociales, desde lo alto de uno de los grandes camiones que lideraban la marcha en Sao Paulo.
Unas cincuenta mil personas marcharon hacia el Congreso en Brasilia, según cálculos de la Policía. El hartazgo de la corrupción parecía ser la amalgama de muchos manifestantes que reclamaban incluso la protección del Acuífero Guaraní.
Rita Souza, una productora televisiva de 50 años, llevaba una pancarta que decía: “Intervención militar ya”. “No estoy pidiendo un golpe (de Estado), sino una intervención constitucional para llamar a nuevas elecciones limpias, sin urna electrónica, sin la manipulación del PT. ¡Que se vayan todos para Cuba!”
El escándalo del “Petrolao” develó que las principales empresas constructoras destinaron millones a las campañas electorales del PT y otros partidos de la coalición, a cambio de contratos con la petrolera estatal.
“El Gobierno debe descender del pedestal, llamar a la sociedad civil, a sus aliados, convocar al país para intentar una suerte de pacto porque podría estar en juego su propia sobrevivencia”, dijo el analista político de Brasilia, André César.