Los gobiernos sostienen que los impuestos son un mal necesario, el precio de una sociedad civilizada. Seamos o no de la misma opinión, es innegable que dicho precio por lo general es elevado.
Los impuestos pueden dividirse en dos categorías: directos e indirectos. Entre los directos figuran los que recaen sobre los beneficios empresariales, los bienes inmuebles y la renta. Este último es probablemente uno de los más impopulares, sobre todo en países donde su cálculo es progresivo, es decir, a mayores ingresos, mayor gravamen. Sus críticos afirman que este sistema penaliza la dedicación y el éxito laboral. Entre los impuestos indirectos hallamos los aranceles aduaneros y los que gravan el consumo, por ejemplo, de licor o tabaco. Aunque estos son menos obvios que los directos, representan una carga económica, sobre todo para el sector pobre de la población. En la India, existe la opinión errónea de que la mayor parte de la aportación tributaria de ese país recae sobre los contribuyentes ricos y de la clase media. Los impuestos indirectos suponen más del 95 por ciento de la recaudación de esta Nación. Con toda probabilidad, los más pobres asumen una mayor carga tributaria que los ricos. Es evidente que las tasas elevadas sobre artículos básicos como el jabón y la comida, crean esta desigualdad. Ahora bien, ¿qué hacen los gobiernos con lo que recaudan? A dónde va el dinero.
Hay que admitir que los gobiernos hacen grandes desembolsos económicos a fin de suministrar y mantener los servicios necesarios. En Francia, por ejemplo, uno de cada cinco habitantes trabaja en el sector público, que incluye entre otros a maestros, policías, funcionarios de correos y personal de hospitales. Los impuestos se utilizan para costear sus sueldos y proporcionar carreteras, escuelas, hospitales y servicios de recolección de basura. Los impuestos también sirven de estrategias para desincentivar determinadas conductas. Por ejemplo, se supone que las tasas sobre las bebidas alcohólicas reducen su consumo excesivo, razón por la cual en muchos países hasta el 35 por ciento del precio de venta al público de la cerveza va a parar al Estado. El tabaco también está sujeto a un fuerte gravamen. Sin embargo, tales medidas no siempre nacen de un interés puramente altruista.
Un ejemplo notable de estrategia social se observó a principios del siglo XX cuando los legisladores estadounidenses buscaban una manera de evitar la formación de dinastías millonarias.
Para impedirlo, crearon un impuestos sobre las sucesiones, mediante el cual, cuando muere alguien rico, el Gobierno se queda con buena parte de su patrimonio. Los defensores de dicha tasa alegan que de esta manera los recursos no permanecen en el entorno familiar, aristocrático, sino que reciben un uso más cívico y democrático. Tal vez sea cierto, pero los contribuyentes adinerados recurren a un sinnúmero de estrategias para pagar menos. Los impuestos sobre la renta de carácter progresivo, mencionados antes, constituyen otra modalidad de estrategia social, pues pretenden reducir la brecha entre ricos y pobres.
Casi todo el mundo reconoce, aunque sea a disgusto, que los impuestos benefician a la comunidad. A nadie le gusta pagarlo, pero pocos sostienen que nos iría mejor sin ellos. Ahora bien, ¿cómo deberíamos ver el pago de impuestos si nos sentimos víctimas de un sistema abusivo, injusto y excesivamente complejo donde personajes de nuestra política nicaragüense han aparecido en los titulares acusados de fraude fiscal, como lo son Byron Jerez Solís, Walter Porras Amador y Arnoldo Alemán Lacayo. Lamentablemente nuestros más altos funcionarios comenzando por el Inconstitucional presidente señor Daniel Ortega Saavedra también distan mucho de ser ejemplos que motiven a los ciudadanos comunes a obedecer las leyes fiscales.
El autor fue asesor tributario de la DGI
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