[doap_box title=»Deterioro» box_color=»#336699″ class=»aside-box»]El Departamento de Estado autorizó en febrero restricciones de visas contra una cincuentena de funcionarios venezolanos.
El mandatario Nicolás Maduro ha denunciado las sanciones como un intento de desestabilizar su gobierno y acusa a Estados Unidos de involucrarse en supuestas conspiraciones y planes golpistas y magnicidas contra su gobierno.
Maduro anunció el 28 de febrero la reducción del número de diplomáticos estadounidenses de su embajada en Caracas, la exigencia de visas para turistas y la prohibición de ingreso al país de un grupo de líderes políticos y legisladores norteamericanos. [/doap_box]
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, manifestó anoche en cadena nacional de radio y televisión que “el presidente (Barack) Obama ha dado el paso más agresivo, injusto y nefasto que jamás se haya dado contra Venezuela”, horas después de que Estados Unidos declarase una “emergencia nacional” por el “riesgo extraordinario” de la situación de Venezuela para la seguridad del país norteamericano.
Ayer Obama prohibió la entrada a ese país y decretó el congelamiento de bienes y cuentas bancarias de siete funcionarios y exfuncionarios de instancias policiales, militares y judiciales venezolanos, incluyendo el jefe de Inteligencia, Gustavo González, y el director de la Policía Nacional, Manuel Pérez.
De acuerdo con el diario El Universal, Maduro manifestó que el fallecido presidente Hugo Chávez dejó una red de contactos en el mundo, incluida en la Casa Blanca, y que esas fuentes le indicaron que en junio hubo una reunión en la que se habló de una guerra “para cansar al pueblo, para agotarlo”.
La Casa Blanca busca tomar medidas contra funcionarios que señala de haber participado en la represión contra manifestaciones antigubernamentales que dejaron 43 muertos en 2014 en Venezuela, actos de corrupción, ataques a la libertad de expresión y “la persecución de oponentes políticos”.
Según la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, los siete sancionados son solo una “primera porción” de los afectados por el decreto. Con estas acciones Obama implementa las sanciones aprobadas por el Congreso en 2014 y que el propio Obama, a pesar de su reticencia inicial, sancionó en diciembre.
Un alto funcionario del Departamento del Tesoro, quien prefirió el anonimato, indicó ayer que “en términos del impacto que podrán tener en el sector de energía o la industria petrolera, no hay un efecto directo de estas sanciones”.
Sin embargo, el lenguaje del decreto, basado en una Ley de Emergencia Económica Internacional que autoriza a Obama a imponer sanciones económicas, toma un tono elevado para describir la situación venezolana a la vista de la Casa Blanca.
Desde el punto de vista legal “a Obama no le quedaba más remedio que hacer uso de este lenguaje”, señaló Javier Corrales, profesor del Amherst College, en referencia a las disposiciones de la legislación firmada por el mandatario.
Pero es una declaración “riesgosa” que ayuda al gobierno venezolano a repetir sus acusaciones de que la crisis económica que enfrenta es “producto del imperialismo” estadounidense, dijo Corrales.
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