Representantes de derechos humanos reprocharon la actitud del Gobierno de procesar a los exchurequeros que se plantaron el pasado 2 y 3 de marzo en el portón principal de la empresa de tratamiento de desechos sólidos en el barrio Acahualinca de Managua, ya que la protesta es un derecho fundamental y no pueden reprimirla con cárcel.
El reclamo se dio porque un grupo de personas reclama a la empresa de tratamiento un puesto en la planta procesadora o el acceso para buscar materiales en La Chureca.
Después de esto, el viernes pasado acusaron a tres presuntos exchurequeros por participar en la protesta, por supuestamente obstruir funciones a la Policía.
La causa se ventiló en el Juzgado Noveno Distrito Penal de Audiencia de Managua, donde la judicial admitió la acusación, ordenó la prisión preventiva y giró orden de captura contra cinco personas más, quienes supuestamente participaron en dicha protesta.
Marcos Carmona, representante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos dijo que esta actitud va en detrimento de los derechos humanos en Nicaragua y que las autoridades están violentando el derecho a la protesta al abrir proceso judicial a quienes ejercen este derecho.
“Es muy grave esta situación, porque es de represión contra un derecho y las autoridades se prestan al juego intimidatorio y violatorio”, dijo Carmona.
Gonzalo Carrión, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), criticó que la “carceleada de los churequeros y la persecución con orden de captura para los otros es un completo contrasentido de la administración de justicia, porque se está ‘criminalizando’ la pobreza”.
Ambos defensores de derechos humanos consideran que antes de procesarlos debieron dialogar y escuchar sus necesidades. “El problema es que tenemos autoridades sordas”, refirió Carmona.
OTROS CASOS DE ABUSO
Entre los casos de represión contra protestas ciudadanas está la de los taxistas en octubre 2012, por el alza del combustible, capturaron a 42 por protestar en la rotonda Metrocentro; la de los pequeños mineros en 2013 por protestar contra la empresa minera B2Gold; la detención de los campesinos de El Tule en diciembre del 2014, por manifestarse contra la construcción del Canal Interoceánico y la más reciente, la del militar enjuiciado por emitir un comentario respecto a los abusos policiales.
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