Intervenida y bajo una auditoría está la filial de Cruz Roja, de Granada, desde el pasado 24 de febrero, tras una situación de ingobernabilidad que se ha registrado a lo interno de su administración, explicó Julia María Guzmán Aguilar, quien dijo ser directora administrativa de la filial, en este momento, tras normativa de las autoridades nacionales.
Explicó que con base en un presupuesto que encontraron en la filial, puesto en práctica en años anteriores, se necesitan 120 mil córdobas para echar a andar el Plan Playa. “Tenemos que revisar ese monto, no sabemos si es así, pero creo que por ahí andan los gastos”, señaló.
Por su parte, Lisette Guido, responsable de Comunicación de la Cruz Roja Nicaragüense, dijo que las operaciones del Plan Playa 2015 no serán suspendidas en Granada aunque haya sido removido de su cargo el presidente de la filial.
Además destacó que se desplazará personal desde la sede central en Managua para brindar atención a los veraneantes.[/doap_box]
Guzmán explicó que también fue designada para trabajar en este caso Leyla Membreño, coordinadora nacional de filiales.
La filial Granada enfrenta un serio conflicto interno, y por la investigación se suspendió temporalmente de sus funciones a todo el personal administrativo, miembros integrantes y voluntarios, además del consejo departamental.
Guzmán dijo que “el Comité Ejecutivo Nacional de Cruz Roja elaboró un acta en que se suspende temporalmente de sus funciones a todo el Consejo Departamental de Granada, y a miembros integrantes y voluntarios que pudieron haberse visto involucrados en los hechos acaecidos en la filial”.
La funcionaria no quiso ahondar en el problema y pidió esperar los resultados de la auditoría interna. Extraoficialmente se conoció que el pasado 21 de febrero hubo un altercado entre dos funcionarios de Cruz Roja, Granada, por supuestos malos manejos administrativos.
LA PRENSA trató de comunicarse con el señor Roberto José Herrera, presidente del Consejo Departamental de Granada, pero no fue posible localizarlo.
Según Guzmán, para esta investigación se nombró una comisión interventora e investigadora conformada por Irving Agurcia, fiscal nacional; Gerardo Ibarra, tesorero nacional; Corina Villachica, segunda vicepresidenta del consejo nacional.
También Maritza Vargas, jefa nacional del cuerpo de socorristas; René Baltodano, asesor legal y Reymundo Chávez Montoya, auditor interno de Cruz Roja.
