Los inversores en bonos que se preguntan si el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, podrá desenterrar suficiente efectivo como para pagarles, están empezando a darse cuenta de que no son los únicos.
La semana pasada, un tribunal de París ordenó a Venezuela pagar a Gold Reserve Inc. 746 millones de dólares para indemnizar a la empresa con sede en Spokane, Washington, por permisos de explotación minera que fueron cancelados en 2008 por el entonces presidente Hugo Chávez. Si Venezuela no paga en un plazo de 30 días y no apela, el país infringiría acuerdos de deuda que le exigen honrar sentencias superiores a 100 millones de dólares, según Barclays Plc.
El dictamen forma parte de reclamos legales contra Venezuela por unos 20,000 millones de dólares, según estimaciones de Scotiabank, en el mundo entero que pueden llegar a dificultar aún más los esfuerzos de Maduro destinados a evitar una cesación de pagos.
Las deudas, que derivan de docenas de casos de arbitraje generados por las nacionalizaciones de Chávez, han pasado a primer plano en momentos en que Maduro trata de recaudar dinero a través de ventas de bonos por parte de la unidad nacional Citgo Petroleum Corp. y de pagos por el petróleo vendido a República Dominicana.
“Es una gran preocupación”, dijo Joe Kogan, responsable de estrategia para mercados emergentes en Scotiabank. “Una de las preocupaciones respecto de Venezuela es que no sabemos en realidad cuánta deuda tienen. Bueno, aquí hay otro pasivo que puede ser de 20,000 millones de dólares”.
El ministerio de Información venezolano se negó a hacer comentarios sobre el fallo relativo a Gold Reserve.
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