México concluyó una presentación de dos días ante el Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas, con la promesa de que para junio, a más tardar, contará con una ley general sobre esta grave problemática y que trabajará para corregir una serie de deficiencias puestas en evidencia.
“La Ley General de Desaparición Forzada es un reto inmediato. El Congreso inició sesiones ayer y tenemos que lograr la reforma constitucional primero y la ley después, antes de que termine esta legislatura, en junio”, dijo el jefe de la delegación oficial de México, Juan Manuel Gómez Robledo, al término del escrutinio.
A lo largo de siete horas de diálogo, repartidas entre ayer y hoy, las preguntas sobre el número global de desaparecidos en el país no contaron con una respuesta satisfactoria para los miembros del Comité, en particular para los relatores Luciano Hazan y Rainer Huhle.
Ambos fueron asignados para profundizar en la información presentada por México. Gómez Robledo, subsecretario general para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, reconoció ante la prensa que “en el estado actual de nuestros registros, no podemos decir que hay un registro exclusivo de desapariciones forzadas”.
Precisó que los registros existentes “mezclan personas no localizadas y eventualmente desaparecidos forzosos”. “Es algo que hay que corregir sin duda alguna”, declaró Gómez Robledo.
22,000
personas han desaparecido en México entre diciembre del 2006 y octubre del año pasado, de acuerdo con organizaciones defensoras de los Derechos Humanos como Amnistía Internacional.
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