El presidente de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada de Nicaragua y presidente de la junta directiva de Servipro, René Vivas, reconoció que la mayoría de las empresas que ofrecen el servicio de seguridad privada en el país hacen trabajar a los guardas de seguridad más de 12 horas seguidas, con pagas por debajo del salario mínimo y sin la debida capacitación para defenderse por la naturaleza arriesgada de este trabajo, lo que calificó como “una barbaridad”.
El proyecto define a la seguridad privada como “un medio auxiliar de la Policía Nacional, que permite la prevención del delito y contribuye a la seguridad ciudadana y humana”.
La iniciativa se presenta bajo el compromiso de “armonización” de la legislación nicaragüense en el marco de la integración centroamericana.[/doap_box]
Vivas fue uno de los veinte representantes de empresas de seguridad privada que fueron consultados en la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, sobre la iniciativa de Ley de Seguridad Privada.
También Vivas dijo tener conocimiento de empresas donde “los guardas de seguridad no son asegurados” y considera que esta ley debería de venir a normalizar esa situación.
El presidente de Servipro también destacó la importancia de que esta iniciativa de ley venga a exigir a las empresas cuarenta horas de capacitación a los guardas de seguridad, para prepararlos ante los riesgos de su trabajo.
El vicepresidente de la Comisión de Gobernación, Filiberto Rodríguez, manifestó que actualmente existen empresas que brindan capacitaciones a su personal, pero lo que quieren legalizar es que estén certificadas por Inatec (Instituto Nacional Tecnológico), en coordinación con la Academia de la Policía Nacional.
Por otra parte, Vivas explicó que el problema que está ocurriendo en Nicaragua es que “los pobres subsidian a los ricos”, explicando que en el caso del dueño de una empresa de seguridad, estos se quedan con gran parte de las ganancias que reciben por el servicio humano que ofrecen, pero los trabajadores son mal pagados y explotados.
Actualmente existen más de 160 empresas que ofrecen el servicio de seguridad privada, situación que obliga a revisar el tratamiento legal para permitir una regulación y control más eficaz del número de empresas prestadoras de servicios de seguridad privada.
21,000 hombres y mujeres trabajan en funciones de seguridad privada en Nicaragua, razón por la que la seguridad privada y los prestadores de estos servicios deben ser normados y regulados por el Estado y sus autoridades.
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