Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, latrocinio significa: acción propia de un ladrón o de quien defrauda a alguien. Si nos atenemos a esta definición podríamos afirmar que el presidente del Consejo Supremo Electoral y sus funcionarios han cometido latrocinio cada vez que le roban los votos a cientos de miles de ciudadanos; es decir, en las últimas cinco elecciones, entre nacionales, parlacénicas, municipales y regionales.
Pero esta figura aplica también para aquellos funcionarios públicos, entre ellos el presidente de la República, que abusando de sus funciones malversan los recursos del Estado o se apropian ilegalmente del dinero proveniente de la cooperación internacional; tal es el caso de la cooperación multimillonaria que durante los últimos ocho años ha otorgado Venezuela a nuestro país, la cual ha sido privatizada por el inconstitucional presidente de Nicaragua y su familia; negándole de esta forma a nuestro pueblo la posibilidad de realizar grandes proyectos, necesarios para el desarrollo económico y social.
El acuerdo firmado en 2007, por los entonces presidentes Daniel Ortega y Hugo Chávez y ratificado por la Asamblea Nacional de nuestro país, estipula los términos en que se manejaría dicha cooperación. Venezuela se comprometió a enviar petróleo a Nicaragua en condiciones altamente favorables para nosotros; el 50 por ciento de cada entrega se pagaría en un lapso de tres meses después de recibido y el otro 50 por ciento a un plazo de 23 años con el dos por ciento de interés, más dos años de gracia; es decir, a 25 años de plazo. El promedio de barriles a recibir sería de diez millones al año.
En estas condiciones, y tomando un precio promedio de 90 dólares por barril, Nicaragua debía haber recibido hasta la fecha 3,360 millones de dólares, y esto es sin agregar los millones provenientes de su comercialización ¡que son muchos!
Si se hubiera usado esa inmensa masa de dinero para realizar obras en función del desarrollo del país, Nicaragua mostraría otra cara. Hagamos un ejercicio que no exige mayores conocimientos en matemáticas, cálculo o ingeniería; se podría haber construido las carreteras de concreto hidráulico reforzado de río Blanco a Bilwi —323 k— y Nueva Guinea a Bluefields —94 k— a un costo aproximado total de 465 millones de dólares.
Sigamos; construir el puerto de aguas profundas en el Caribe nos podría haber costado 450 millones de dólares y su carretera de acceso, de concreto hidráulico reforzado, 80 millones de dólares. Se podría haber destinado 200 millones de dólares para pavimentar 600 kilómetros de carretera hacia las zonas productivas de distintos departamentos del norte y centro del país.
El viejo sueño de irrigar las tierras del Pacífico, usando las aguas del gran lago Cocibolca, perfectamente se hubiera realizado invirtiendo 500 millones de dólares; sumémosle 100 millones de dólares para crear un fondo para llevar adelante un plan masivo y sostenido de manejo de su cuenca. Como es necesario completar el cambio de la matriz energética para abaratar —de verdad— el costo de la energía eléctrica, se podría haber invertido 600 millones de dólares para construir Tumarín (según algunos expertos este proyecto está sobrevaluado) u otro proyecto similar o geotérmico (Nicaragua tiene un potencial de más de 2000 Mw. en este campo) quedando en manos del Estado unas obras estratégicas de esta naturaleza.
Dada la precariedad de la mayoría de las instalaciones hospitalarias del país, se podría haber construido cinco de estos centros de 200 camas cada uno en igual número de cabeceras departamentales, como Ocotal, Somoto, Jinotega, Rivas y Boaco; más otros cinco de cien y cincuenta camas en ciudades como Bilwi, Bluefields, Jalapa, Río Blanco y Las Minas; todos a manera de ejemplo. Si tomamos de referencia el costo de la construcción y equipamiento del proyectado hospital de la zona occidental de Managua, calculado en casi 23 millones de dólares podríamos sacar un promedio, para los diez hospitales señalados, de 17 millones de dólares aproximadamente; siendo el total de 170 millones de dólares. Estoy hablando de hospitales equipados con tecnología moderna.
Si estuviéramos en presencia de un gobierno honrado, se podría haber alimentado los fondos del Banco Produzcamos con unos 200 millones de dólares para financiar planes de transformación de la caficultura, granos básicos y otros rubros de exportación, creando la base para la agro industrialización, priorizando a los pequeños y medianos productores del campo y la ciudad; esto elevaría sustantivamente los niveles de productividad y en consecuencia los volúmenes de producción.
Siendo la educación un factor clave para el desarrollo del país, se podría haber creado un fondo de 1,000 millones de dólares para atender este sector, con la construcción de nuevos centros escolares de educación primaria, secundaria y técnica, mejorando la capacitación profesional y los salarios de los maestros y proveyéndoles de nuevo y mejor material didáctico.
Con el resto —30 millones de dólares— podríamos haber realizado la ampliación a cuatro carriles de la Carretera Norte, en el trecho comprendido entre Managua y San Benito, uno de los de mayor circulación vehicular y de mayor accidentalidad del país.
Tengo que aclarar que en algunos de estos cálculos tomé de referencia créditos aprobados por organismos financieros internacionales para obras como las que planteo en este escrito; por ejemplo, el costo de la carretera entre Río Blanco y Mulukukú y el hospital occidental de Managua. En todo caso, preferí pecar por exceso y no por defecto, al estimar —sin ser economista o ingeniero— el costo de las obras mencionadas. Simplemente he escrito lo que mi imaginación me ha sugerido, sobre todo lo que se podría haber realizado con esa inmensa cantidad de dinero. Le sugiero a usted, que está leyendo esta nota, hacer sus propios cálculos.
Como vemos, si estuviéramos en presencia de un gobierno probo y responsable, que de verdad pensara en el desarrollo del país, con tanto dinero, más el que, en montos menores pero todavía importantes, seguirá llegando por un tiempo a Nicaragua, podríamos haber sentado las bases de un verdadero tránsito hacia condiciones que empujaran a nuestro país hacia un mejor futuro. ¿Cómo no sentirnos estafados?
Managua, enero de 2015; año de la lucha contra la Ley 840, violatoria de la Constitución, y del Canal Ortega-Jing (no de otro Canal, que fuera favorable económica y financieramente, respetuoso del medioambiente, que no cruzara por nuestro gran lago y que respetara nuestra soberanía y nuestras leyes).
El autor es general en retiro y diputado al Parlacen.
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
