Por segunda ocasión en los últimos 15 días, la Fiscalía recibió una nueva denuncia en contra de funcionarios policiales, a la cabeza la jefa de facto de la institución, primera comisionada Aminta Granera, por la represión ejecutada en contra de los protestantes contra el Gran Canal.
Esta vez fue el presidente del Consejo Nacional de la Tierra, Lago y Soberanía, Octavio Ortega Arana. La primera la presentó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) por la detención ilegal de quienes participaron en las protestas tanto en Rivas, como en El Tule, San Miguelito, en diciembre pasado.
Acompañado de los abogados del Cenidh, Gonzalo Carrión y Wendy Flores, Ortega Arana denunció a Granera; al jefe de Auxilio Judicial, Juan Ramón Gámez y a los jefes en Rivas, comisionados Enrique Salazar y Fidel Domínguez.
Los delitos por los cuales denunció Ortega Arana fueron: lesiones, detención ilegal, ocultamiento de detenidos, tortura, abuso de autoridad y hurto simple. También solicitó la orden para que en el Instituto de Medicina Legal le revise un médico forense lo cual fue ordenado.
Con los resultados de unas placas realizadas en un centro radiológico, Ortega demostró en la Fiscalía que debido a los golpes que le propinaron durante el operativo policial, sufrió fractura del tercio distal del cúbito con fragmentos alineados, causados cuando trató de protegerse el rostro de los golpes con los bastones de seis agentes policiales.
BRUTALIDAD POLICIAL
El primer oficial que llegó me dio un culatazo con el fusil AK en el ojo izquierdo, provocando una lesión permanente y visible, que me inflamó dicho ojo y me impidió la visibilidad durante las horas y días subsiguientes, señala Ortega en parte de su denuncia de los hechos del 23 de diciembre, en Rivas.
Detalla cómo fue arrastrado por los policías cerca de 15 metros para llevarlo a la tina de una camioneta y ahí me ponían los tacos de sus botas sobre los dedos de mis manos, hasta perder el conocimiento. Sumado a esto menciona los improperios y obscenidades que le decían.
Y cuando a él y a los otros 27 presos los condujeron a los buses para trasladarlos a Auxilio Judicial en Managua, a pesar de encontrarnos esposados y muy golpeados, nos siguieron golpeando durante el trayecto de Rivas a Managua.
Además, relata que en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) cuatro policías que lo interrogaron me querían vincular a la Central de Inteligencia Americana (CIA), al preguntarme si las periodistas con las cuales había estado en diferentes momentos me habían entregado financiamiento de la CIA, que si era cierto que recibía 10,000 dólares mensuales.
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