Desde 1821, Nicaragua se ha visto sometida a un juego de fuerzas que dan lugar —casi invariablemente— al intercambio entre el abandono de la paz y la aceptación de gobiernos centralistas, jerárquicos y autoritarios. Hay una moral contrastante en el sentido que las partes se aferran a formas particulares en que se percibe el concepto del bien y el mal. De ahí que las rebeliones y revoluciones solo consiguen volver o retroceder a realidades carente de identidad política y a viejas y desgastadas formas de alianzas.
Si la independencia dejó atrás a un rey todopoderoso, con demasiada frecuencia vemos su símbolo de autoridad reencarnado en nuestros presidentes; un orden absoluto que tiende a sancionar cada acción, cada ley, cada entidad y cada escalón de la estructura jerárquica de la sociedad. Sin duda, muchos de nuestros presidentes se han sentido dueños de una presidencia imperial. Algunos, como el inconstitucional presidente Daniel Ortega, trascienden lo simbólico y se personifican en la entidad real. ¡Yo, el rey!
En contraste con los sentimientos personales del individuo que ocupa la presidencia, está el pueblo y su negación de la figura real. Ortega no cuenta con un símbolo de autoridad con reconocimiento generalizado. Si hay quienes abrazan su autoridad, la gran mayoría del pueblo la cuestiona y se ofende con tal usurpación de poder y postura absolutista.
No importa que consignas se griten, que doctrinas se profesen o que banderas se enarbolen, nadie ha logrado captar —en Nicaragua— una aceptación universal o encontrar el medio de representar a la nación como un todo. Hoy Ortega se pretende ayudar de la desgastada bandera rojinegra de su partido comunista y de una comercial, con las letras HKND que representan a la empresa inventada para la estafa del Gran Canal. Sin embargo, todo lo que él ha logrado es más pugna y polarización ya que lo que prevalece es la ausencia de autoridad moral, la falta de un carácter nacional y una acumulación de desvalores que arrastran a estas dictaduras a lo intolerable.
La nueva jerarquía que ha establecido Daniel Ortega no es accidental. Su gobierno y los empresarios políticos están en la cima de tal pirámide. Los oficiales del Ejército y la Policía forman parte de los más elevados estratos. La Iglesia, los políticos, la pequeña y progresivamente más debilitada clase media pertenecen a movedizas capas, desde las que derivan cada vez menos reconocimiento, relevancia y prestigio. Las clases socioeconómicas más bajas solo merecen el irrespeto de Ortega y son utilizadas como peones en las vulgares batallas estatales que sostiene su imperio de papel contra la población en general.
Pero el tirano Ortega pareciera ver muchos oasis en este desierto moral. Y entre flores, “arbolatas” y falsos pendones se prepara a elevar sus instrumentos y modelo de gobernanza al estilo monárquico absolutista; y ha venido dando muestra de haber elegido a su “chigüín”, Laureano Ortega Murillo, como sucesor. El haber usurpado el poder, hace a Ortega un simple dictador. Pero él siente, igual que todo pequeño tirano, que al transferir ese poder de generación en generación lo convierte en monarca. ¡Ah gusto para un común malhechor!
Lo más triste del caso es que el desventurado muchacho ha sido desposeído de su conciencia por su propio padre y lo ha iniciado como aprendiz en una macabra escuela donde el final —casi con certeza histórica— reclama un fuerte y cruel precio en la vida de estos herederos del infortunio.
El autor es economista y escritor.
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