El 2014 termina negro para la mayor empresa de Brasil, la petrolera estatal Petrobras, tras denuncias de corrupción colosales, sobornos millonarios y balances sin auditar y en medio del desplome del precio del barril de crudo.
Dilma Rousseff, reelecta presidenta en octubre, se enfrenta al dilema de renovar o no el directorio de Petrobras para restaurar su credibilidad, como insisten expertos y como lo ha reclamado incluso el fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, debido al “escenario desastroso en la gestión de la compañía”, que tiene al Estado como accionista mayoritario y que emplea a casi ochenta mil funcionarios, mientras nuevas denuncias se dan a diario en la prensa.
Pero la presidenta de Petrobras, Graça Foster, anunció ayer que permanecerá por ahora en el cargo, aunque ella misma y todos los directores serán investigados por expertos independientes.
Una caricatura en la portada del diario O Globo mostró esta semana a Rousseff sentada sobre un barril de petróleo con una mecha encendida.
El escándalo estalló meses antes de las elecciones. La llamada operación Lava Jato (Lavado Rápido) develó desvíos en la petrolera por cerca de cuatro mil millones de dólares en diez años. Treinta y seis personas, la mayoría altos ejecutivos de las principales constructoras brasileñas, acusados de formar un cártel que se repartía contratos en Petrobras, serán juzgadas.
“INYECCIÓN DE CONFIANZA”
La desconfianza en Petrobras se ha reflejado en la caída de sus acciones en Brasil y Estados Unidos, donde cotiza en Wall Street.
Paulo Roberto Costa, el exdirector de Abastecimiento de Petrobras, quien habría recibido millonarios sobornos, y el empresario Alberto Youssef, quien ofrecía empresas de fachada para lavar el dinero de los sobrepagos, colaboran con la justicia a cambio de una reducción en sus penas.
Aunque entre los involucrados citados figuran el tesorero y otros integrantes del Partido de los Trabajadores, no hay pruebas del involucramiento de Rousseff, quien presidió el Consejo de Administración cuando era ministra de Energía de Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010).
El juicio “no tendrá un efecto negativo sobre Dilma, sí sobre el PT”, explicó Carlos Alberto Alkmim, de la Universidad Católica de Río (PUC). Pero si hay políticos imputados —Costa dijo que había “decenas” involucrados— podría comenzar un segundo gran juicio por corrupción en la Corte Suprema, similar al del “mensalao”, que llevó a prisión a ex altos jerarcas del PT por comprar votos en el Congreso.
En Nueva York, inversionistas denunciaron a Petrobras ante la justicia por ocultar información a accionistas minoritarios de la empresa. Los demandantes reclaman una indemnización por “pérdidas y daños” sufridos por el desplome de los títulos de Petrobras, los cuales han caído a la mitad de su precio en tres meses.
Todo sucede cuando la empresa requiere inversiones por 82,000 millones de dólares hasta el 2018 para la explotación de sus riquísimos yacimientos en aguas ultraprofundas.
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