El incremento de las demandas de ciudadanos ante la Sala Contencioso Administrativo en reclamo por los abusos que sufren de parte de la administración pública han aumentado significativamente, aseguró la magistrada Yadira Centeno, presidenta de dicha Sala en la Corte Suprema de Justicia.
Según Centeno en el año 2001 apenas se presentaron siete demandas, en cambio este año se introdujeron 201 demandas, “lo que indica que los ciudadanos se están apoderando de este tipo de recurso para defender sus derechos ante actos administrativos que consideran violan o le niegan sus derechos”, explicó la magistrada.
Las instituciones del Estado más demandadas son la Policía Nacional, la Dirección General de Aduana por cobros excesivos en desaduanaje de mercadería; Disnorte-Dissur por alta facturación en recibos de energía eléctrica.
[doap_box title=»Son “clientes” viejos» box_color=»#336699″ class=»aside-box»]
La Policía Nacional figura cada año en los informes de Derechos Humanos como la institución que más abusos comete contra la ciudadanía y en el caso de la DGA, desde el año pasado viene sumando reclamos, quejas y hasta litigios y demandas por los altos niveles de burocracia, corrupción, cobros injustificados, negligencia y otros males crónicos.
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También están las diferentes alcaldías del país por cobros de impuestos, el Ministerio de Recursos Naturales, Enacal, Telcor, entre otros.
Este año la Sala Contencioso, que defiende al ciudadano frente a las actuaciones anómalas de las instituciones estatales y controla los actos administrativos de estos, emitió este año 72 sentencias, cifra récord en los últimos cinco años, cuyo promedio era 22 sentencias al año.
“El presente año ha marcado un hito en las garantías de los ciudadanos ante la administración pública, logramos triplicar la emisión de sentencias y sin duda podemos afirmar que el próximo año será aún mejor”, reconoció Centeno.
De las 72 sentencias, 14 se declararon con lugar a la demanda, 26 fueron desestimadas, cinco mediaron entre las partes, cuatro fueron desistidas, 17 declararon inadmisibilidad, en dos rechazaron los recursos de aclaración y en cuatro se declararon sin lugar las excepciones opuestas, detalló la funcionaria.
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