Casi treinta años después de la caída de la dictadura en Brasil (1964-1985), la Comisión de la Verdad (CNV) entregó su informe final a una conmovida presidenta Dilma Rousseff, víctima del régimen, en el que se describieron torturas y pidió anular la amnistía a los violadores de derechos humanos.
La CNV registró 434 muertos o desaparecidos comprobados, víctimas políticas directas durante los denominados “años de plomo”. Para la comisión quedó ampliamente demostrado que las “graves violaciones” de derechos humanos fueron una “política de Estado”, rechazando la explicación de las Fuerzas Armadas de que fueron hechos aislados o excesos.
“Respetamos y reverenciamos a todos quienes lucharon por la democracia”, dijo Rousseff, quien derramó lágrimas durante su discurso al asegurar que las nuevas generaciones y las familias de las víctimas merecían la verdad porque, sin ella, “continúan sufriendo como si sus familiares murieran de nuevo”.
La comisión fue creada en 2011 por Rousseff, quien al igual que los exmandatarios Luiz Inácio Lula da Silva y Fernando Henrique Cardoso, dieron sus testimonios en calidad de víctimas de la dictadura. Brasil no ha juzgado a los represores de la dictadura por una ley de 1979, ratificada en 2010, que amnistió a policías y militares que violaron los derechos humanos.
La CNV consideró que la aplicación de la ley de amnistía es incompatible con el derecho brasileño y el orden jurídico internacional. Esos delitos “constituyen crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles y no sujetos a amnistía”, dice el informe en sus recomendaciones.
El informe identifica a ocho militares que ejercieron como presidentes durante la dictadura —todos ya fallecidos— desde Humberto de Alencar Castelo Branco hasta Joao Baptista de Oliveira Figueiredo. También se mencionan a exministros y altos jefes militares.
Incluye testimonios de violaciones, golpes, mutilaciones y choques eléctricos en órganos sexuales. El grupo de trabajo aseguró que también hubo graves violaciones de los derechos humanos contra niños, campesinos e indígenas. El informe sugiere que hubo una política de Estado, por acción u omisión, por la que murieron 8,350 indígenas, aunque la cifra podría ser mayor.
377 agentes del Estado son responsables de graves violaciones a los derechos humanos, desde el plano político e institucional como por autoría directa, según la CNV.
Ver en la versión impresa las páginas: 12 A
