Al principio, cuando no había leído la ley 840, Ronald Iván Henríquez, creía ciegamente en el proyecto del canal interoceánico. Lo había calado la propaganda del gobierno que vende el proyecto como la panacea para resolver todos los males que aquejan a este país que sigue siendo el segundo más pobre de América Latina, según distintos estudios.
Henríquez no tenía razón para no creer que se trataba de una buena idea del comandante Ortega.
Como era sandinista. Miraba que el partido (sandinista) había trabajado bien, porque para qué, no hay que negarlo, muchas cosas han cambiado. Muchas cosas nuevas, diferentes, dice y pone como ejemplo las mejoras en la carretera Panamericana.
A finales de noviembre, en Rivas, se celebró una marcha a favor del Canal. Según algunos pobladores, los participantes eran trabajadores de distintas instancias de gobierno.
Esta semana en la comunidad de Obrajuelo, Rivas, por donde se prevé comiencen las obras del Canal, se quebraron vidrios de un vehículo que transportaba a un equipo de chinos y nicaragüenses que llegó a la zona.
Para el miércoles está previsto en la capital una marcha nacional en rechazo al Canal.
“Esperaría que la marcha se desarrolle normal. No espero ni agresiones de los marchistas, ni represiones para los que vayan a marchar”, expresó Telémaco Talavera. [/doap_box]
Sin embargo, cuando tuvo entre sus manos una copia de la ley 840, como le dice a secas a la ley especial para el desarrollo de infraestructura y transporte nicaragüense atingente al Canal, zonas de libre comercio e infraestructuras asociadas, y dedicó una noche entera a leerla, cayó en cuenta de que el Canal no era una idea tan bonita como la pintaban.
Cuando comencé a leer la ley 840, que habla de expropiación en el artículo 12, de quitarle las tierras al campesinado, que viene a perjudicar a Nicaragua y viene entregársele el país al chino, explica Henríquez quien vive en los alrededores de la comunidad indígena de Tolesmaida, Rivas.
Henríquez es dueño de dos fincas.
Una de sus propiedades iba a ser medida a comienzos de septiembre por un grupo de chinos de la empresa HKND Group, la concesionaria del Canal. Pero él y otros pobladores les impidieron entrar a sus terrenos.
No sólo rechazaron las mediciones en sus fincas, sino que ese fue el germen de la primera marcha que se organizó en rechazo al canal en comunidades rurales de Rivas. Después se multiplicaron las marchas en ese departamento: siete en Rivas, y ocho en poblados de otros departamentos del país.
Desde finales de septiembre hasta mediados de noviembre se produjeron 15 marchas en comarcas como Santo Domingo Piche de Potosí, Buenos Aires, la ciudad de Rivas, Punta Gorda en Bluefields, El Tule en San Miguelito, Puerto Príncipe en Nueva Guinea y Ometepe.
«El Canal no pasa realmente por una zona de actividad agrícola intensa, no pasa por zonas cafetaleras y ganaderas críticas, afecta a una pequeña fracción que realmente debe permitir dinamizar el resto de la agricultura”.Telémaco Talavera, vocero del proyecto de la Comisión del Gran Canal, rector de la UNA (Universidad Nacional Agraria) y presidente del CNU (Consejo Nacional de Universidades).
En cada una de las protestas, las escenas se han repetido: centenares de campesinos llegan montados a caballo o a pie, gritan consignas, cargan pancartas que rechazan la presencia china en sus tierras y la construcción del Canal.
No somos vendedores de tierra, exigimos respeto a la propiedad privada, Ortega vendepatria no al Canal, fuera chinos, han rezado algunas de las mantas llevadas en las manifestaciones.
SANDINISTAS CONTRA EL CANAL
Entre los que marchas muchos se declaran sin partido político. Simplemente dicen que son productores que viven de la agricultura y la ganadería y que están en esto porque no permitir que el gobierno los quiera expropiar.
Otros, reconocen al mismo tiempo su afiliación y decepción con el partido de gobierno.
Fátima Duarte, concejal suplente sandinista en San Jorge, está contra el Canal.
«Al pueblo no se le ha consultado (…). Nuestras propiedades no están para venderse, estos territorios han sido habitados por nosotros los campesinos. ¿A dónde vamos a ir a parar si nos sacan de aquí?” William Guido, maestro de secundaria y productor de Puerto Príncipe, Nueva Guinea.
Duarte vive en El Cangrejal, un caserío de unos 500 habitantes que bordea el Cocibolca en el sector de San Jorge.
Al comienzo yo miraba perfecto el Canal, porque no estábamos viendo la gran catástrofe que va a tener esto para uno como campesino… El comandante nos dio un puñal por la espalda, nunca nos brindaron información, se queja Duarte quien se ha convertido en una activista contra el megaproyecto en la zona.
Aquí todos somos sandinistas, y todos están en contra. Los únicos que están a favor son los que le trabajan al gobierno, dice Henríquez, quien ha estado al servicio del partido desde que tenía 13 años. Ahora tiene 33. Le he trabajado al gobierno pero sin salario, afirma este productor que ha sido coordinador del FSLN en esa zona de Tolesmaida, una comunidad indígena con patios que miran hacia el Cocibolca.
LA TIERRA EN PRIMER LUGAR
“Al pueblo no se le ha consultado este proyecto”, indica el maestro de Puerto Príncipe, William Guido, quien ha “buceado” por internet información sobre el Canal para luego informarle al resto de su comunidad.
Guido, maestro de secundaria y productor, no se explica de dónde el Gobierno ha sacado esa encuesta que dice que el ochenta por ciento de la gente apoya la construcción del Canal. “No han venido al terreno. No nos han consultado nada a los productores”, señala el profesor.
En el departamento de Nueva Guinea, donde se han organizado al menos tres marchas, cada una ha movilizado alrededor de cinco mil y seis mil campesinos.
Telémaco Talavera, vocero de la comisión del Gran Canal, expresa que hay grupos interesados en “desinformar” a los pobladores que se han movido a los territorios y que esos grupos están recibiendo financiamiento para oponerse al proyecto.
Sin embargo, Octavio Ortega, presidente de Fundemur (Federación de Municipios de Rivas), la cara más visible de las marchas, insiste en que no hay ninguna organización patrocinando las manifestaciones y que sobre todo se apela al “autofinanciamiento” de la población.
Para movilizarse a los distintos territorios, Ortega dice que la gente aporta y que de “20 en 20” pesos se recoge lo necesario para el transporte.
El último viernes de noviembre se celebraron reuniones en las comunidades de Tolesmaida y luego en Santo Domingo Piche, en Rivas. La gente corre la voz a través de chat por teléfonos celulares. Llegó un nutrido grupo de pobladores. En la segunda reunión, uno de los participantes ofreció una oveja pelibuey para convidar a los participantes.
“No recibimos ningún financiamiento, sacamos de nuestra bolsita los cien pesos, los doscientos pesos, de nosotros sale la alimentación, el transporte”, dice Guido y agrega que para ellos no se trata de una lucha política, sino de una lucha social por la tierra.
Sin embargo, en casi todos los territorios donde se ha marchado, ha habido apoyo de diputados del PLI (Partido Liberal Independiente) y del MRS (Movimiento Renovador Sandinista).
La mayoría de los que se manifiestan en contra del Canal, lo hacen por la amenaza a sus propiedades y en segundo término por la preocupación de que se afecte el lago Cocibolca y otras fuentes de agua que se abastecen del lago.
“Hemos estado atentos a la televisión. Hemos escuchado la propuesta de Jaime Incer Barquero, de que el lago, nuestro patrimonio, va a ser totalmente contaminado si se hace ese zanjeo”, indica Guido.
En el otro extremo del lago, en el caserío de El Cangrejal, en Rivas, a Fátima Duarte le preocupa la contaminación del lago porque ellos beben de sus aguas cuando se secan los pozos en tiempos de verano.
«La primera marcha fue de cuatrocientas personas en Buenos Aires. Había tres cordones de Policía y tres camionetas del partido de gobierno llenas de trabajadores del Estado, pero vieron que iban más de cien motos con sus banderas y a una población decidida”. Octavio Ortega, presidente de la Federación de Municipios de Rivas (Fundemur).
Paralelo a las marchas, en los territorios, el Grupo Cocibolca, una alianza de unas diez organizaciones entre las que figuran el Centro Humboldt y la Red Local, han organizado foros de reflexión sobre el Canal, la concesión y la Ley.
Bayardo Salmerón, de la Red Local, dice que a veces tres horas es poco tiempo para “desmenuzar” la Ley y para responder las inquietudes de los pobladores sobre el Canal.
MEJOR INVERTIR EN TURISMO
La otra propiedad de Ronald Henríquez, en la que él vive junto con su esposa y su hija de 6 años, está a unos 25 kilómetros de donde se prevé la ruta del Canal. Allí Henríquez ha plantado su casa de ladrillos, todavía en construcción, tiene una manada de chanchos que lo siguen cuando les silba, como si fueran perros, y unas cuantas vacas que comen un pasto verde. A unos cincuenta metros pasa un río, que hasta hace poco era contaminado por el cañaveral, pero que tras una lucha de varios años de la población se revirtió la contaminación. Ahora es un riachuelo transparente en el que se refrescan algunos lagartos y bajan a beber los monos congos que abundan.
Siguiendo los vericuetos del riachuelo, el lago Cocibolca está a unas cuatro cuadras. Es una playa virgen desde la que se mira imponente el volcán Concepción en Ometepe.
Henríquez sabe que vive en un pequeño paraíso y quisiera conservarlo y desarrollar algún día un proyecto ecoturístico. Dice que el lago es propicio para el turismo y que varios productores quisieran incursionar en proyectos así, pero no hay apoyo para ellos.
“¿Por qué el Gobierno no nos apoya con eso en lugar de estar pensando en ese Canal y en volvernos asalariados de los chinos?”, cuestiona Henríquez.
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