En la edición de ayer de LA PRENSA se publicó en campo pagado un documento titulado “Manifiesto por la defensa de la soberanía nacional, ¡Nicaragua no está en venta!”
El manifiesto es respaldado por 21 organizaciones de la sociedad civil y partidos y movimientos políticos de oposición y su publicación ha sido auspiciada por radio Corporación, como parte de su campaña patriótica alrededor del tema del Gran Canal Interoceánico, cuya construcción, según se ha anunciado oficialmente, comenzará en el presente mes de diciembre.
En dicho documento se rechaza la Ley que aprobó la mayoría orteguista en la Asamblea Nacional para otorgar una onerosa concesión canalera a la firma china HKND, que preside el magnate chino Wang Jing, detrás de quien se sospecha está el gobierno de la República Popular China. Y se destaca en el manifiesto que el tratado canalero con Wang Jing no es para construir el Canal, del mismo modo que el Tratado Chamorro-Bryan de 1914 con Estados Unidos no fue para realizar esa magna obra, sino para impedir que otras potencias extranjeras pudieran hacerlo.
El régimen orteguista le dio fuerza legal al tratado canalero con Wang Jing mediante la denominada Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense, atingente al Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructuras Asociadas (llamada Ley 840), la cual fue aprobada y promulgada el 13 de junio del año pasado con el rechazo de todos los diputados de la oposición.
Según se dice en el manifiesto de las 21 organizaciones nicaragüenses patrióticas, el verdadero propósito de esta Ley es “crear un enclave dentro del Estado nicaragüense que sea propiedad del dictador (es decir, de Daniel Ortega), utilizando para ello a un vil testaferro, un individuo desconocido, con una empresa de maletín registrada en las Islas Caimán, que no tiene ni la capacidad ni el dinero para emprender ninguna obra de mediana envergadura y que no representa ni tiene ningún vínculo oficial con el Gobierno de la República Popular de China”.
En realidad, debido a la falta absoluta de información oficial veraz y creíble sobre el tema del Gran Canal (que por su magnitud, trascendencia y probables consecuencias debería manejarse con total transparencia y participación de los ciudadanos); y por las evidentes inviabilidades financiera, técnica y medioambiental del proyecto que señalan los expertos nacionales y extranjeros, muchos nicaragüenses creen que el verdadero objetivo del tratado canalero no es construir el Canal sino hacer algunos otros negocios fabulosos.
Sin embargo, no cabe duda de que la construcción del Gran Canal puede ser una realidad, si detrás de ese gran proyecto está el gobierno de la República Popular de China y su objetivo no es propiamente comercial, sino estratégico y de geopolítica global.
En todo caso, Nicaragua no está en venta, de hecho ya ha sido vendida, por el régimen orteguista, a la empresa de Wang Jing o a quienes están detrás suyo, y el contrato de compra-venta es la Ley 840. De manera que la tarea que deben cumplir los patriotas nicaragüenses es recuperar la soberanía nacional y la integridad territorial de Nicaragua, cualquiera que sea el costo y el tiempo que tenga que pasar para cumplir ese objetivo supremo.
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