Luego del fallo adverso de La Haya a las pretensiones de Colombia sobre los límites territoriales entre ambos países en el mar Caribe, Juan Manuel Santos, presidente colombiano, busca negociar un tratado con Nicaragua que —en apariencia— protegería a los habitantes raizales del archipiélago de San Andrés y Providencia. En supuestos derechos extranacionales (que no pueden existir jurídicamente sin menoscabar nuestra integridad territorial), Santos procura incluir las actividades económicas de los colombianos del archipiélago, en el mar territorial de Nicaragua; y pretende, también, que Nicaragua reconozca en favor de los raizales su autonomía cultural, y el derecho de usar los recursos naturales del mar nicaragüense.
Todo ello, además, mientras su gobierno desconoce el fallo de La Haya, con el argumento infantil que el tribunal internacional no tiene potestad para modificar los límites internos consignados en la Constitución colombiana.
¿Con qué intención, entonces, acudió Colombia a la solución de la disputa territorial por medio del fallo de la Corte Internacional de Justicia?
Ortega, que no entiende para qué sirva el Estado de derecho, no sospecha, siquiera, la debilidad extrema de la posición colombiana respecto a la institucionalidad, producto del desacato, que lo convierte en un país de mucho riesgo, poco confiable en sus compromisos legales y comerciales.
Recordemos, con estupor, que fue el propio Ortega quien propuso atolondradamente este tratado a Colombia, como lo rememora él mismo confusamente:
“Esto fue un acuerdo que tomamos con el presidente Santos después del fallo, lo tomamos en México hace dos años, el 2 de diciembre, para la toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto, ahí nos reunimos, estaba fresco el fallo”.
Ortega parece no percatarse que cuando un país concede derechos legales por medio de un tratado internacional con otra nación, de tal tratado no se deriva (porque el derecho no procede por medio de deducción implícita, sino, con acuerdos explícitos), que ambas repúblicas hayan aceptado que Nicaragua tenga la potestad jurídica de conceder tales derechos. Mientras Colombia, en cambio, aduciría ante cualquier tribunal tales derechos legales, acordados expresamente como suyos.
¿Qué tiene que ver Nicaragua con la autonomía cultural de los raizales, si el Estado que debe respetar dicha autonomía es el colombiano? ¿Cuáles derechos le corresponden a los raizales dentro de los límites territoriales de Nicaragua, en virtud de su nacionalidad colombiana?
Por supuesto, ningún nicaragüense en su sano juicio se aventuraría a conceder a Colombia algún derecho en un tratado semejante. Sin embargo, a fin que las disputas territoriales no afecten en la práctica las condiciones de existencia del pueblo raizal (del archipiélago de San Andrés y Providencia) que está emparentado étnica y culturalmente con la población del Atlántico de nuestro país, podríamos acogerle humanitariamente en nuestro territorio marítimo, sin tratado alguno, como expresión de nuestra soberanía, para que realice pesca artesanal con fines de subsistencia.
Pero, la idea descabellada, de que esta concesión humanitaria al pueblo raizal sea objeto de un tratado internacional con Colombia, introduce un inaceptable menoscabo evidente a la soberanía nacional, ya que de tal tratado internacional se derivarían expresos derechos jurídicos para Colombia. Y es con tal finalidad que Santos –particularmente tardo e inseguro— recoge, dos años después, la propuesta insensata de Ortega.
Obviamente, Santos se ha atrevido al intento de lesionar en un tratado la soberanía de Nicaragua, una vez que se ha divulgado profusamente la noticia que un simple individuo desconocido como Wang Jing, sin un cortapluma en el bolsillo, ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad extrema de Nicaragua, en el orden jurídico, bajo el régimen entreguista de Ortega.
Las negociaciones que propone Santos nada tienen que ver con el acatamiento del fallo de La Haya. Por el contrario, constituyen la forma más tonta de debilitar la victoria legal que ha obtenido Nicaragua, pese a la amenaza que significa el régimen de Ortega, propenso a improvisar, a restarle autonomía profesional a los especialistas, y a firmar acuerdos oportunistas que le den cierta estabilidad a su régimen, al costo de cualquier lesión a la soberanía nacional.
¡No al tratado con Colombia! Nicaragua no deberá hacerle específicas concesiones de pesca, exclusivamente al pueblo raizal, mientras Colombia no acate el fallo de La Haya.
El autor es ingeniero eléctrico
