En una reciente visita a Waslala, constatamos el calvario que sufren en ese municipio, especialmente los jóvenes, para tramitar su cédula de identidad. Deben viajar más de un día hasta Matagalpa para solicitarla en el Consejo Electoral Departamental porque los Consejos Electorales Municipales están cerrados. Para iniciar el trámite deben tener una partida de nacimiento “actualizada” porque no les aceptan la emitida por el Registro Municipal y deben regresar dos o tres veces a Matagalpa “a ver si ya llegó su cédula”, que en ocasiones nunca llega.
Destinar tiempo y dinero para estas gestiones está fuera del alcance de la mayoría y tener una cédula es un privilegio en muchas comunidades. En tanto, los activistas del partido de gobierno la tramitan sin costo alguno a cambio de una afiliación. Similares historias escuchamos en muchos municipios, donde el clamor por la cedulación es generalizado.
El discurso populista de la restitución de derechos se estrella contra la realidad que viven miles de nicaragüenses, tanto en Nicaragua como en el extranjero, a quienes se les está negando hasta el derecho básico a identificarse como ciudadanos, solo por ser opositores y vivir en zonas rurales o en el “exilio”.
Pero el problema de la cedulación no se reduce a algunos municipios, sino que nos afecta a todos, porque la mayoría de cédulas en Nicaragua están vencidas desde hace años y para reponerlas o renovarlas debe pagarse más que por la licencia de conducir o pedirlas como dádiva a los CPC o a algún funcionario electoral.
Aunque la primera reacción ante este desastre es atribuirlo a la incapacidad y corrupción del sistema electoral, debemos tener claro que hemos llegado a esta situación por la decisión deliberada del actual gobierno de negar a muchos ciudadanos el derecho a la identidad.
Todos recordamos que cuando empezó la cedulación en 1996 el servicio brindado, con todas las limitaciones de la época, era de mejor calidad que el actual, pues el trámite era gratuito, había oficinas de cedulación en todo el país y el plazo de entrega generalmente se cumplía. Dieciocho años después, tramitar la cédula de identidad es un proceso cada vez más incierto y complicado. Ya no digamos la clara violación a la Ley al no permitir la cedulación en el exterior a nuestros conciudadanos residentes que se han visto forzados a emigrar.
Hoy la prioridad de quienes gobiernan no es la cedulación universal, sino tener un sistema electoral deliberadamente ineficiente, inauditable y manipulable. Por eso todos debemos exigir que se garantice a cada nicaragüense, independientemente de su filiación política y domicilio, el derechohumano a contar con una cédula de identidad.
Esa realidad evidencia que el Consejo Supremo Electoral ha administrado de forma deficiente el proceso de cedulación, no por incapacidad, sino porque desde 2006 se tomó la decisión política de hacer involucionar el sistema electoral, empezando por la emisión y renovación de las cédulas de identidad.
La carencia de un procedimiento auditable, la discrecionalidad en la entrega y la falta de gratuidad en la renovación han sido daños intencionales al sistema de identificación ciudadana para facilitar la manipulación de los resultados electorales. Hoy la prioridad de quienes gobiernan no es la cedulación universal, sino tener un sistema electoral deliberadamente ineficiente, inauditable y manipulable.
Para recuperar la institucionalidad en Nicaragua, uno de los primeros pasos debe ser restituir a todos, los que vivimos aquí y los que viven en el extranjero, el derecho a identificarnos como ciudadanos, poniendo a funcionar adecuadamente el sistema de cedulación. Este derecho ciudadano, que es independiente del derecho al voto, no comprende solamente recibir gratuitamente una cédula, sino poder obtenerla, renovarla y reponerla mediante un procedimiento sencillo y en un lugar accesible.
Si existiera voluntad política para dejar de utilizar el documento de identidad como prebenda partidaria e instrumento para fraudes electorales, se podría empezar a solucionar el problema con unas cuantas acciones al alcance del poder electoral: la reapertura de la Consejos Electorales Municipales, la cedulación no partidaria de los jóvenes en las escuelas, el reconocimiento a las partidas de nacimiento emitidas en los municipios, implementar lo que mandata la Ley electoral en lo que respecta a los ciudadanos en el extranjero, una campaña para entregar las cédulas ya elaboradas, una auditoría externa al padrón electoral y la renovación gratuita de las cédulas vencidas como manda la ley.
Un Estado que ya no es capaz siquiera de proveer a sus ciudadanos un documento de identidad está poniendo en riesgo la paz social y atentando contra su propia existencia. Por eso todos debemos exigir que se garantice a cada nicaragüense, independientemente de su filiación política y domicilio, el derecho humano a contar con una cédula de identidad.
No nos cansaremos de advertir que cuando se niegan derechos fundamentales a un pueblo, especialmente los jóvenes y a los sectores más vulnerables tarde o temprano buscan salidas violentas, reiniciando el ciclo de inestabilidad, destrucción y confrontación fratricida, como bien saben por experiencia propia muchos de los que ahora gobiernan.
El autor es Presidente Nacional del Partido Liberal Independiente (PLI)
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