Varias organizaciones no gubernamentales que dan seguimiento a las protestas contra las expropiaciones que requerirá el proyecto del canal interoceánico de Nicaragua reunirán firmas para elaborar una propuesta de derogación de la ley que regula la construcción de la vía, anunció hoy la Fundación de Municipios de Rivas (Fundemur).
La iniciativa pretende que la población del sur de Nicaragua afectada por la obra conserve sus propiedades, ya que la ley creadora del canal impide oponerse al mismo y la limita a negociar con la concesionaria china HKND Group.
«Vamos a comenzar la semana que viene a solicitar las firmas, porque Nicaragua no está en venta», dijo a Acan-Efe el presidente de Fundemur, Octavio Ortega.
En Nicaragua, una ley puede ser propuesta ante la Asamblea Nacional si es respaldada por 5,000 firmas.
Las firmas servirán «para introducir un proyecto de ley para derogar la (legislación de construcción) del canal», afirmó la abogada ambientalista y directora de la Fundación Popol Nah, Mónica López Baltodano.
Las firmas se recolectarán entre unas 100.000 personas de 282 comunidades que serían afectadas por las expropiaciones del proyecto, según López Baltodano.
El canal recorrerá Nicaragua a lo largo 278 kilómetros desde el litoral Pacífico hasta el Caribe, con un ancho de entre 230 metros y 250 metros, según los planes de la empresa china HKND Goup, que tiene la concesión de su construcción y administración por 50 años más otros 50 prorrogables, de acuerdo con la ley.
El Gobierno de Nicaragua ha anunciado que la obra, cuyo costo es de 50.000 millones de dólares, empezará a construirse en diciembre próximo y tardará 5 años en estar lista, incluyendo los «subproyectos»: carreteras, puertos, aeropuertos, un lago artificial, zona de libre comercio, complejo turístico, y fábricas de acero y cemento.
El 4 de noviembre pasado la opositora Bancada Partido Alianza Liberal Independiente (BAPLI) presentó un proyecto de ley para derogar la del canal promovido por organizaciones de la sociedad civil y juristas distinguidos de Nicaragua.
Dicho proyecto de ley fue entregado ante la Secretaría de la Asamblea Nacional, dominada por el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), pero hasta ahora no ha sido tramitado.
