Miembros de la Policía han sido denunciados públicamente, otra vez, de cometer abusos contra la ciudadanía, de actuar con exceso de fuerza e incluso de disparar sus armas de fuego de reglamento contra civiles desarmados e indefensos.
Entre los casos más recientes hay que destacar el del menor de 16 años de edad y estudiante de tercer año de secundaria, Kevin Alberto Bautista López, quien murió por un balazo en la cabeza que recibió durante una protesta de taxistas, el miércoles 5 de noviembre corriente, en Totogalpa, departamento de Madriz.
Otro caso destacado ocurrió el viernes 7 de noviembre en Managua, en una zona de la Carretera Norte, cuando un miembro de la caravana de escoltas de la jefa de la Policía, Aminta Granera Sacasa, disparó su arma de fuego e hirió a la señora Carmen Aguirre, de 60 años de edad, y al joven Joseph Antony Conrado Sobalvarro, de 20.
Y un tercer caso de los ocurridos recientemente ha sido el que denunció la señora Mariel Silva Barquero, de que un miembro de la “inteligencia policial” disparó varias veces contra el automóvil que ella conducía, afortunadamente sin consecuencia trágica que lamentar.
La Policía siempre encuentra justificación para los abusos de poder y el exceso de fuerza policial. Igual ahora, en el primero de los casos mencionados ha alegado que la bala que mató al joven Bautista López fue disparada del lado de quienes protestaban. En el segundo la explicación ha sido que fue por accidente que uno de los escoltas de la jefa policial disparó e hirió a la señora Aguirre y al joven Conrado. Y en el tercero, que la agresión a balazos contra la señora Silva Barquero se debió a un “error”.
Los excesos de fuerza y abusos de poder, incluyendo el uso indebido de las armas de fuego por parte de miembros de la Policía, así como la actitud siempre agresiva y prepotente de los armados que escoltan y protegen a los “grandes” personajes que detentan el poder, no se deben a ignorancia de quienes cometen las extralimitaciones ni tampoco es por falta de leyes que regulen la conducta policial. Aparte de que existen convenios internacionales firmados por Nicaragua sobre protección a los ciudadanos de abusos policiales y militares, también hay leyes nacionales para limitar el uso de armas de fuego solo a aquellas situaciones en que los miembros de la Policía y el Ejército sean atacados de la misma manera, leyes que han existido desde los tiempos de la Guardia Nacional.
Sin embargo esas leyes no siempre se cumplen. Y mucho menos que se respeten cuando quienes detentan el poder del Estado se han vuelto más poderosos, más encumbrados, más impunes y más alejados de los ciudadanos. En esta situación, los individuos que escoltan y protegen a los arrogantes funcionarios públicos se llenan a su vez de prepotencia y se sienten con autorización para hacer uso de la fuerza bruta y armada cuando ellos mismos lo dispongan, pues de acuerdo con su estrecho y primitivo modo de pensar, “para eso mandan”.
Así ha sido desde que el emperador Octavio Augusto César creó la Guardia Pretoriana en la antigua Roma, para su protección personal y el resguardo de su poder, cuyo modelo ha sido copiado básicamente por todas las fuerzas de escolta y protección de los gobernantes autoritarios que han existido hasta ahora. Y por lo cual desde entonces se les llama precisamente guardias pretorianas.
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