El procedimiento parlamentario y el proceso de formación de la ley son conceptos e instituciones básicos del derecho legislativo. Sin ellos no puede existir un poder de legislación que se pueda considerar representativo, democrático y honorable.
Pero en Nicaragua la Asamblea Nacional ha dejado de ser un poder legislativo independiente y vibrante. El procedimiento parlamentario es atropellado sistemáticamente por quienes detentan el poder político y no respetan el proceso de formación de la ley y lo que practican es la deformación de la ley. Las leyes y demás temas parlamentarios no son debatidas con libertad y respeto a la minoría, no se concilian los criterios diversos ni se procura el consenso. La Asamblea Nacional es dominada por una mayoría que funciona como una aplanadora que acata servilmente las órdenes del caudillo.
Con otras palabras eso lo que denunciaron el diputado de la bancada opositora PLI, Luis Callejas, y el exlegislador liberal José Pallais, en declaraciones publicadas por LA PRENSA el domingo 9 de noviembre. En realidad, quienes visitan la Asamblea Nacional y observan su desenvolvimiento son testigos de la arrogancia de la bancada mayoritaria, sobre todo de sus jefes, de su menosprecio a la minoría opositora y sus violaciones sistemáticas al procedimiento parlamentario y al proceso de formación de la ley que es de rango constitucional.
En este sentido el caso más relevante, pero no el único, ha sido precisamente el de la reforma constitucional que fue aprobada en enero de este año sin consultas a la sociedad ni participación de la representación opositora. En esa ocasión, por orden de Daniel Ortega se le hicieron cambios al dictamen de la reforma constitucional después que había sido aprobado solo con los votos de la bancada orteguista, pero las modificaciones no fueron sometidas a discusión ni siquiera de los diputados oficialistas. Y otro caso notorio ha sido la aprobación de la nueva ley del Ejército mediante la cual Ortega sometió la institución militar a su control absoluto, cuyo dictamen ni se lo mostraron a los diputados de la oposición para que al menos lo conocieran. Y como esos hay muchos casos más.
De igual modo, a pesar de que por mandato constitucional los ministros y otros funcionarios superiores del poder ejecutivo están obligados a comparecer ante las comisiones de la Asamblea Nacional, cuando estas los convocan, esta norma no se cumple en los casos de que la comisión parlamentaria convocante es presidida por un diputado de la oposición.
Esta situación anormal de la Asamblea Nacional, la cual por su propia naturaleza es o debería ser el poder público más democrático de la nación y representativo de los ciudadanos, demuestra la pérdida de la calidad institucional del Estado y que las normas de la democracia no se respetan ni para guardar las apariencias.
El respeto a los procedimientos parlamentarios y al proceso de formación de la ley es una garantía democrática elemental. Cuando no se permite o se restringe el debate, cuando no se escucha la voz de las minorías ni se toman en cuenta las propuestas de la oposición, se está desconociendo que la sociedad es plural y que la componen personas y grupos que piensan diferente y tienen intereses distintos. Y en este caso ya no estamos hablando de un Estado democrático, sino de un Estado basura.
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