Las marchas de rechazo al proyecto del Gran Canal, protagonizadas por la gente de las zonas por donde debe pasar la ruta canalera, continuaron el fin de semana pasado y según se ha anunciado seguirán ocurriendo esta semana, por el temor de los pobladores a ser expropiados y desterrados de sus propiedades y hogares.
Por otra parte, se siguen conociendo opiniones de expertos en transporte marítimo internacional y en operaciones del Canal de Panamá, quienes aseguran que la ruta canalera por Nicaragua no sería sostenible financieramente. Lo cual significa que la única razón por la cual se podría construir el Canal sería el interés geopolítico de la República Popular de China.
Sin embargo la objeción más fuerte al Canal es el probable costo ambiental desastroso que tendría su construcción, pues, según los ambientalistas nacionales e internacionales causaría una devastación ecológica colosal. Inclusive así lo cree y asegura el asesor presidencial en temas del medioambiente, el eminente y respetado científico nicaragüense doctor Jaime Incer Barquero.
A lo anterior hay que agregar ahora el dictamen de la Asociación de Biología Tropical y la Conservación (ATBC, por su sigla en Inglés), que en una declaración que se conoció el viernes de la semana pasada advierte que la construcción del Canal podría afectar unos cuatro mil kilómetros cuadrados de bosque, costa y humedales de Nicaragua. O sea que prácticamente todas las reservas naturales y áreas protegidas del país sufrirían el demoledor impacto de la construcción del Gran Canal.
La ATBC, desde su fundación en 1963 es reconocida como la organización más importante del mundo dedicada al estudio para la conservación de los ecosistemas tropicales y sus opiniones y resoluciones gozan de prestigio y aceptación en todas partes del planeta. Y en su comunicado sobre el proyectado Canal de Nicaragua, la ATBC insta al Gobierno a considerar la importancia decisiva que tiene la conservación de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, y a respetar los convenios internacionales sobre la protección del medioambiente.
La ATBC también exhorta al Gobierno de Daniel Ortega a “invitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y a la Unesco, a realizar una revisión científica exhaustiva, transparente e independiente, sobre las consecuencias ambientales y sociales a largo plazo del proyecto del Canal, así como sobre la legalidad y la constitucionalidad de la concesión otorgada por el gobierno nicaragüense a la (empresa china) HKND”. Y le pide “suspender toda actividad relacionada con la construcción del Canal y sus subproyectos hasta que se concluyan estos estudios independientes y se atiendan adecuadamente todas las preocupaciones sustanciales”.
Al parecer la ATBC tiene la esperanza de que Daniel Ortega pudiera atender sus sensatas recomendaciones y reflexionar sobre el grave daño irreversible que la construcción de la enorme zanja del Canal le podría causar al lago de Nicaragua y a todo el sistema ecológico del país. La idea es que si los estudios independientes demuestran que el Canal es viable ecológicamente, que se construya, pero de lo contrario que se revoque el convenio con Wang Jing.
Eso es lo que haría un gobernante con mentalidad y responsabilidad de estadista, lo cual, desgraciadamente para Nicaragua no parece ser el caso de Daniel Ortega.
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