Ante el creciente clamor nacional a favor de nuestro Lago Cocibolca, después de meses de silencio y evasivas Daniel Ortega tuvo que admitir que su proyecto de canal, si es que se realiza, será desastroso para el medioambiente y destruirá el Cocibolca.
Sin embargo, esto no significa que haya rectificado. Por el contrario, trató de disimular detrás de una verborrea populista, su carencia de argumentos y su decisión de seguir adelante con un megaproyecto que, con o sin canal interoceánico, será un negocio redondo para él y su grupo económico.
Actuando como si los nicaragüenses no conociéramos los intereses que se esconden detrás del tan publicitado canal, repitió incesantemente que, por fin, estaba convencido de las bondades del canal y que lo había convencido el teólogo brasileño Leonardo Boff, aquel personaje que en los años ochenta fue su guía espiritual en el intento fallido de crear en Nicaragua una iglesia a su medida. Una vez más lo vimos actuando al mejor estilo de los autócratas del pasado, que decidían el destino de los pueblos siguiendo los consejos del agorero de turno. ¡Con ese nivel de irresponsabilidad está siendo gobernada Nicaragua!
Y lo más grave de sus declaraciones fue que para minimizar la destrucción del mayor reservorio de agua dulce de Centroamérica, anunció con toda tranquilidad que el Lago Cocibolca ya estaba contaminado y que el tiburón de agua dulce se había extinguido. Para cualquier estadista, después de siete años de gobierno, sería vergonzoso hacer esta declaración, pero no lo fue para Ortega, que la utilizó como justificación para concesionar el Lago y media Nicaragua, a cambio de casi nada, a un chino desconocido.
Todos sabemos que durante su administración la explotación maderera irracional se ha acelerado, con la complicidad de las autoridades ambientales y la participación de Alba forestal, y que la protección del Cocibolca ha sido preocupación exclusiva de organismos ciudadanos. Sin embargo, esa declaración irresponsable de quien se ha empeñado en gobernar Nicaragua, aun en contra de la Constitución, es un insulto para todos los ciudadanos y causa un daño incalculable a la imagen de una de las maravillas naturales del país.
En vez de condenar a muerte al Cocibolca y al tiburón de agua dulce, lo que debería hacer Ortega, si actuara como gobernante y no como vocero del concesionario chino, es usar los enormes recursos acumulados por Albanisa para implementar un intenso programa de reforestación de la cuenca del Cocibolca y ordenarle a su ministro de Marena y a su presidente de Enacal que implementen con urgencia un plan para evitar que se continúe contaminando el Lago con pesticidas y aguas negras. ¡Y no nos venga a decir ahora que para hacerlo necesita un canal interoceánico!
Cuando la aplanadora oficialista aprobó esta concesión vendepatria en la Asamblea Nacional nos opusimos frontalmente, no solo por el daño ambiental, sino también por las inaceptables violaciones a la soberanía nacional y a los derechos de miles de familias campesinas, condenadas a perder sus tierras mediante una confiscación disfrazada.
Los liberales queremos iniciativas de desarrollo económico basadas en el respeto a la libertad y a la ley, donde el Estado no sea cómplice ante los abusos de terceros ni un competidor desleal que se aprovecha de los más pobres.
Por eso rechazamos y seguiremos rechazando iniciativas como el canal Ortega-Wang, que está diseñado para generar beneficios a grupos económicos a costa de la entrega de la soberanía, del despojo de propiedades y de la destrucción de nuestros ya frágiles recursos naturales, perjudicándonos a todos y condenando a Nicaragua a un futuro de pobreza y sumisión.
Muchos nicaragüenses hemos venido reclamando desde hace años por la destrucción de la institucionalidad y otros nicaragüenses han pensado que no deberíamos dedicar tantas energías a ese tema, porque creen que es un asunto de políticos y no resuelve los problemas fundamentales de la gente. La tragedia ambiental y social que causaría esta onerosa concesión canalera impuesta desde el poder y al margen de la ley, nos ha venido a recordar de la forma más dolorosa posible para qué sirve el Estado de Derecho.
Sin gobernantes libremente electos ni instituciones que hagan cumplir las leyes, no hay ninguna instancia legal que detenga los abusos, y los ciudadanos no tenemos más salida que protestar, todos y sin descanso, hasta que nuestras voces sean oídas.
Detener la destrucción de los recursos naturales y exigir respeto al derecho de propiedad de miles de ciudadanos, deberían ser razones lo suficientemente fuertes para unirnos a todos, no para obtener pequeñas ventajas o prebendas, sino para construir un país donde podamos vivir y progresar protegidos por las leyes.
Las marchas ciudadanas en Nueva Guinea, Río San Juan y Rivas son la voz de la conciencia nacional. Desafiando a un régimen que trata de acallar todas las voces críticas, esas miles de familias campesinas, marchando bajo la lluvia para exigir respeto a su tierra y a su dignidad, son un ejemplo para todos. Si ellos lo pueden hacer, también cada uno de nosotros debemos ser capaces de denunciar alto y claro lo que no está bien.
Y si estamos convencidos de nuestros ideales, no debe importarnos que al principio seamos solo unos pocos levantando la voz, porque como dijo uno de los próceres de la revolución de independencia norteamericana: “No se necesita una mayoría para prevalecer, lo que se necesita es una minoría ávida, incansable y decidida a encender fuegos de libertad en las mentes de la gente”.
El autor es Presidente Nacional del Partido Liberal Independiente (PLI)
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