El escándalo por la desaparición de 43 estudiantes mexicanos el 23 de septiembre cobró ayer la primera víctima política con la salida del cargo del cuestionado gobernador de la convulsa región de Guerrero, Ángel Aguirre.
A la salida del encuentro, Solalinde dijo que vio al fiscal “muy angustiado”. “No sé si por las víctimas o por la presión política que está ejerciendo el movimiento, que está agarrando unas dimensiones insospechadas. Creo que esto le está dando mucho dolor de cabeza, no solo a él, sino al presidente”, indicó el reconocido activista de defensa de los emigrantes.
En Guerrero, el radical sindicato de maestros local tomó ayer pacíficamente la sede de la Alcaldía del turístico balneario de Acapulco como parte de su campaña de presión contra las autoridades para que encuentre a los jóvenes.
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Sin apoyos políticos, Aguirre compareció ante los medios en Chilpancingo (capital de Guerrero) para anunciar que solicitó al Congreso regional una licencia para abandonar el cargo. Aguirre, gobernador desde 2011 por el izquierdista PRD (Partido de la Revolución Democrática), dijo con tono sombrío que con la decisión quiere “favorecer un clima político que ponga la atención y solución de estas prioridades”, en referencia a la búsqueda de los 43 desaparecidos y el castigo a los culpables.
El clamor por la renuncia de Aguirre no solo había crecido en las masivas manifestaciones que exigen la aparición con vida de los jóvenes que desaparecieron tras ser atacados por la Policía municipal de Iguala. El oficialista Partido Revolucionario Institucional y el conservador Partido Acción Nacional ya habían exigido a Aguirre su salida y el PRD, acorralado por este escándalo, tuvo que unirse ayer a este pedido.
A Aguirre se le recrimina su falta de respuesta ante las desapariciones y no haber frenado la violencia del crimen organizado que azota a la empobrecida Guerrero, con los mayores índices de asesinato del país. También le han llovido críticas, al igual que al Gobierno Federal, por no haber actuado frente a los indicios de nexos del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa con el cártel narcotraficante Guerreros Unidos.
La dimisión de Aguirre llega un día después de que la Fiscalía acusara a José Luis Abarca, alcalde de Iguala, del PRD, como principal sospechoso de ordenar el ataque contra los jóvenes. Según las investigaciones, el alcalde y su esposa, María de los Ángeles Pineda, ordenaron a sus policías reprimir a los estudiantes. Los agentes les entregaron después a sicarios de Guerreros Unidos.
La indignación contra la clase política se ha disparado en México por el caso de los estudiantes desaparecidos y ha generado reclamos desde el exterior. El último llegó ayer desde el Parlamento europeo, que exhortó a México a “actuar rápido” para detener a todos los responsables.
