El grito de auxilio se lanzó hace tiempo, pero no fue hasta la desaparición de 43 estudiantes de una escuela rural de Ayotzinapa, el 26 de septiembre, que el Gobierno estuvo obligado a mirar hacia Guerrero, donde el poder y la infiltración del narcotráfico eran un secreto a voces.
El Gobierno ha desarmado a las Policías de Iguala y Cocula y desplegado a las fuerzas federales para asumir la seguridad. Lo mismo hizo el domingo en otros 13 municipios de la zona por supuestos nexos de sus policías con la criminalidad.
Alcaldes de Guerrero, la región con más homicidios de México (63 por cada cien mil habitantes en 2013), aplauden el apoyo federal esperando que no sea temporal, pero lamentan que hayan ignorado por tanto tiempo todas sus advertencias. Desde 2006 hay 22,322 personas oficialmente “no localizadas” en México.[/doap_box]
En 2012 un grupo del crimen organizado secuestró a Manuel en una carretera de la sierra y ocho semanas después, cuando su familia asumía que era parte de la larga lista de desaparecidos de la zona, apareció milagrosamente con la misma ropa hecha harapos en una ciudad vecina. Manuel explica que los narcos decidieron soltarlo por su débil estado de salud, tras comprobar que no era un informador de un cártel rival.
Por dos meses durmió a la intemperie del cerro con 15 compañeros de cautiverio, maniatado, con los ojos vendados y sujeto a humillaciones. “La primera semana nos estuvieron golpeando a diario hasta que perdí el conocimiento”, relata este hombre de mediana edad quien por seguridad es identificado con un nombre falso. Con miedo todavía a salir a la calle, afirma: “No entiendo por qué se espanta ahora el Gobierno con el caso de los estudiantes. Aquí hemos vivido lo peor”.
En Iguala y alrededores, los desaparecidos se cuentan a decenas, igual que las fosas clandestinas descubiertas con ochenta cadáveres en 2014.
María Guadalupe Orozco llora al recordar cómo su hijo Francis, de 32 años, desapareció junto con cinco amigos después de unas fiestas del pueblo en 2010. Asegura que hay testigos que demuestran que fue el Ejército el que se los llevó y, desde entonces, no se ha cansado de denunciar el caso, de tocar inútilmente a las puertas de todas las autoridades e, incluso, de husmear en prisiones fingiendo llevar comida a los internos.
En Cocula, vecino a Iguala, donde la vida en las calles termina a las 8:00 de la noche, familiares prefieren no elevar la voz sobre sus desaparecidos, creyendo que con el silencio hay más probabilidades de recuperarlos con vida. Habitantes aseguran que han tenido que recolectar rescates de hasta 15,000 dólares para liberar a secuestrados.
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