El 28 de agosto recién pasado, el presidente de Costa Rica presentó en San José el informe sobre los primeros cien días de su gobierno. Durante su alocución planteó 14 denuncias sobre actos de corrupción e ineficiencias en el manejo de los recursos públicos, por parte de distintas entidades nacionales.
Si eso ocurre en Costa Rica, que además de su tradición democrática posee una fuerte institucionalidad y respeto por la independencia entre los poderes estatales, qué se puede esperar en Nicaragua, que desde principios del siglo pasado ha estado a merced de férreas dictaduras durante varias décadas, que han manoseado a su gusto la Constitución. Además han proliferado dirigentes políticos más preocupados por sus intereses particulares que por el desarrollo nacional, salvo raras excepciones, así como algunas políticas públicas sesgadas en pro del clientelismo. Esa deplorable situación, contribuye al desarrollo de la corrupción en la administración pública.
Recientemente, algunos analistas han denunciado que se está gestando una nueva dictadura familiar, presagiando consecuencias de sobra conocidas en la historia nacional. Para ello cuentan con medios característicos de los regímenes fascistas, como el control absoluto de los poderes legislativo y judicial y del Consejo Supremo Electoral, la dependencia y obediencia del Ejército y la Policía, fuerzas paramilitares dispuestas a eliminar cualquier intento de desobediencia civil y una amplia red de medios de comunicación para canalizar la excesiva propaganda oficial.
Esas sombrías perspectivas reclaman la definición de políticas e instrumentos para frenar la corrupción y la falta de transparencia en la administración pública, que en nuestro país prosperan con la complacencia de las instituciones responsables de controlarlas, al desestimar las denuncias que publican los medios nacionales.
La rendición de cuentas contribuye a lograr ese propósito, pero difiere sustancialmente de la manifestación político-partidaria que organiza Daniel Ortega para presentar su informe anual ante sus organizaciones juveniles, sus camisas azules y los empleados públicos. Tampoco tiene que ver con las plegarias “cristianas” y los agüeros “socialistas y solidarios” que diariamente transmite la vocera presidencial.
De acuerdo con Alejandro Natal, investigador mexicano autor de un profundo estudio sobre el tema, la rendición de cuentas constituye “la obligación de ciertos actores de justificar los recursos, confianza, encomiendas, actos o sus externalidades, en la medida que tengan componentes de interés público”. Implica que “las organizaciones o los individuos pueden ser sancionados si no respondieran satisfactoriamente”. Debe concebirse como un proceso sistemático para mejorar la administración pública en todos sus niveles jerárquicos, mediante el seguimiento y evaluación de políticas, desempeño institucional, programas y proyectos. Debe enfocarse en los resultados, enfatizando la valoración de los efectos e impacto de las acciones desarrolladas, así como su pertinencia para contribuir a resolver los problemas prioritarios nacionales.
Ello implica el establecimiento de un sistema nacional de seguimiento y evaluación, independiente de las instancias ejecutoras, provisto de métodos y técnicas apropiadas y de personal calificado para la recolección y análisis de la información. Debería generar informes objetivos y confiables, disponibles libremente para todos los niveles jerárquicos del Gobierno y la sociedad en general. Por ejemplo, podría determinar si la distribución de láminas de zinc y los bonos productivos efectivamente contribuyen a reducir la pobreza o si solo son artificios para acrecentar el clientelismo.
Dado el autoritarismo y el hermetismo que caracterizan al actual Gobierno, puede parecer utópico que se llegue a implementar tal sistema. No obstante, tengo fe en que Nicaragua retomará la senda hacia una verdadera democracia. Entonces, los nicaragüenses podremos disfrutar los beneficios de una gestión transparente de los recursos públicos, fundamentada en una adecuada rendición de cuentas por parte de funcionarios probos y dispuestos a responsabilizarse por las consecuencias de sus actos.
El autor es exfuncionario del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y exfuncionario del Instituto de Bienestar Campesino y del Banco Nacional de Nicaragua.
