Luis Vega Miranda
La Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, controversial desde su entrada en vigencia en 2012 en diversos sectores de la sociedad, después de la violada Constitución Política, es quizás la que más ha sido alterada por reforma, interpretada y reinterpretada por el ejecutivo, legislativo y judicial. Los más señalados adicionamientos han sido, haber permitido por otra ley que el inconstitucional presidente Daniel Ortega la reglamente (Ley 864), causando más confusión y controversias sociales, pues al hacerlo reformó la propia Ley 779, lo cual es doblemente inconstitucional. Ninguna ley es perfecta pero esta parece un Frankenstein jurídico, hecha a retazos e involucra el Código Penal y Procesal Penal. El reglamento (decreto 42-2014) le agregó a la Ley la “mediación” ante unas consejerías familiares; redefinió el femicidio, reduciendo su ámbito. En el reglamento Ortega añade a una red de órganos políticos, a ser mediadores o facilitadores, en matrimonios o uniones conyugales entre un hombre y una mujer, a “pastorales, religiosas y religiosos”, (Arto, 9); y para verificar las medidas cautelares, la Policía y el Ministerio Público “deberán auxiliarse” de ellos, incluso para determinar la medida de detención o captura del individuo. (Artos. 46, 48, 50).
El “deber jurídico” es imperativo. Por lo que sé de leyes, pues estudié en los viejos códigos civiles y penales, los que funcionaban bien en la sobria sociedad de mi época, cuando magistrados y jueces eran verdaderos juristas, eruditos, con criterio propio, la mediación, consistía en que las personas con algún conflicto, comparecían ante una autoridad competente o ante notario público, quienes oyéndolos trataban de llegar a un arreglo o acuerdo mutuo. En todo caso el mediador tiene que levantar un acta, hacerla firmar por las partes, a su vez firmarla y sellarla, y mandarla, para que surta efecto legal, a un juez jurisdiccional, quien con este acto iniciaba un proceso judicial, y con una sentencia resolvía a favor de una de las partes.
¿Es esto lo que tendrán que hacer los religiosos y religiosas? Aunque si estuviésemos en un Estado de Derecho y en una sociedad democrática, esto no sería posible por constituir una notoria ilegalidad, en esta sociedad donde se vive una especie de “realismo mágico”, donde lo mágico es real y la realidad ficción, todo es posible, aunque la realidad es más brutal.
Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) están solicitando una aclaración a la Asamblea Nacional, un esfuerzo quizás inútil porque la Asamblea no tiene vela en este entierro, y un recurso de amparo tampoco funcionaría porque la Corte tendría que defender lo decretado por Ortega, por la sencilla razón, que el único que podría deshacer el esperpento o fárrago de figuras, es el mismo que lo decretó por su omnipotente voluntad.
Y porque el incumplimiento (no hay nada voluntario en el decreto) puede producir sanciones, sin otro recurso que la desobediencia civil, legítima en pacifistas, los obispos están en su derecho de pedir se excluya a la Iglesia del inconstitucional reglamento, que los hace parte del Estado y de sus gabinetes y grupos políticos vigilantes de barrios, donde los que no somos del partido rojinegro nos sentimos vigilados y sujetos a represión.
En el Año de la Familia, nombrado por el papa Francisco, la Iglesia católica procura la paz en las familias, como siempre lo ha hecho y como la instituyó Cristo. Y no como la quiere manipular interviniendo en ella un poder terrenal y finito. Como esto nos incluye, los católicos estamos en el deber moral de respaldar a los obispos, que defienden nuestra esencia de ser cristianos. El autor es presbítero Anglicano y abogado.
