Resultaría ilógico invertir en un Canal Interoceánico por Nicaragua sin que se respalden los costos y beneficios del mismo con un excelente estudio de factibilidad, Y aunque este aún no se concluye, pareciera que el señor Jing se cura en salud al declarar que el proyecto costaría 50 billones de dólares y que ya no se incluyen los subproyectos del canal seco y el oleoducto pero que se adicionan dos complejos recreativos, que nada tienen que ver con el transporte de carga internacional. Este aumento del costo y reducción de los beneficios, disminuiría la rentabilidad del megaproyecto y en consecuencia el atractivo para los grandes inversionistas interesados en el mismo.
Por otra parte, en los estudios de un canal húmedo realizado durante la administración del presidente Enrique Bolaños, la mejor alternativa para dicho canal, costaría apenas 18 billones de dólares, en contraposición a los 50 billones que costaría la solución china. En este sentido, la solución Bolaños para reducir las cuantiosas excavaciones en roca, levantaba el nivel del canal 30 metros por encima del lago, en el cruce hacia el Atlántico, esto implicaba que para la operación por gravedad del canal, el agua provenía no del lago sino de dos embalses a 120m sobre el nivel del mar, interconectados y construidos en los ríos Mico y Rama, los cuales además producirían hidroelectricidad. Esto mismo podría considerar la solución china, en lugar de cruzar hacia el Atlántico al mismo nivel del lago.
Obviamente, el señor Jing no posee ni remotamente la capacidad para financiar el proyecto, pero podemos asumir que su participación incluiría: primero, el posible financiamiento del estudio de factibilidad, para el cual asegura, serán necesarios 900 millones de dólares, que están supuestamente incluidos en el costo total y que le serían amortizados junto con el pago de los intereses durante la operación del proyecto; segundo, gestionar financiamiento y/o encontrar socios para el proyecto para su construcción y supervisión; tercero, proceder en la licitación y contratación de la construcción y la supervisión y; cuarto, operar y mantener el proyecto los cincuenta primeros años, prorrogables por los cincuenta restantes.
Nos queda claro, que la viabilidad financiera del proyecto descansa en la habilidad que demuestre el concesionado del canal en venderle a los inversionistas, los resultados y parámetros económicos que se determinen en el estudio de factibilidad que actualmente se encuentra en ejecución, los cuales, por demás está decirlo, tendrían que ser excelentes. Por supuesto que, además de los grandes bancos privados internacionales, habría que tocarle la puerta a las grandes navieras y a las grandes corporaciones, que determinan el tamaño del comercio mundial y que son productoras de barcos, automóviles, electrodomésticos, vestuario, alimentos, etc. Y también, a países productores de materias primas como Venezuela, Brasil, Chile, Rusia, etc.
Adicionalmente, la participación financiera de Nicaragua en el proyecto, consistiría en entregar parte de su soberanía nacional que comprendería al menos lo siguiente: a) concesionar el área de influencia del proyecto; b) eliminar los impuestos que pudieran aplicarse al proyecto durante la construcción y su operación; c) servir de garante para los préstamos de la inversión inicial; d) suministrar desde sus ríos y lagos, las enormes cantidades de agua, necesarias para llenar el canal y permitir su operación continua y; e) aguantarse el enorme impacto ambiental que causaría la construcción del proyecto, a pesar de todas las obras de mitigación que se le provean.
En principio, si la participación de Nicaragua se valorara igual al costo inicial del proyecto entonces: primero, al igual que los inversionistas, deberíamos recuperar nuestro capital y sus intereses y; segundo, en la distribución de los beneficios netos, al menos deberíamos ser socios del señor Jing en partes iguales; sin embargo, él se quedaría con la mayor parte del pastel.
Cabe resaltar, que si asumimos un 4 por ciento de la inversión inicial para la operación y el mantenimiento, anuales (con 10% de incremento cada diez años), el costo por ambos rubros, en valor presente por los cien años de vida útil, sería cercano a 300 billones de dólares, cifra que representaría seis veces la inversión inicial y sería administrada por la corporación Jing. De manera, que cualquier distorsión de estos rubros, afectaría radicalmente el monto de los beneficios netos y en consecuencia los aportes a Nicaragua. Por lo tanto, los acuerdos con Wang Jing, deberían incluir auditorías anuales de carácter técnico, económico-financiero y ambiental, para controlar cualquier irregularidad, en el periodo que inicia con la contratación de los estudios y termina al final de la vida del proyecto.
El operador también realizaría reposiciones importantes de equipos o de infraestructuras que vayan alcanzando su vida útil, actividades que deberían licitarse y programarse para los años 25, 50 y 75, considerando un costo para cada una de ellas de un 25 por ciento del costo inicial del proyecto. Entendiéndose como reposiciones la rehabilitación o reposición de: carreteras de acceso, compuertas, turbinas, bombas, locomotoras, vagones y plataformas ferroviarias, grúas, líneas de tuberías, plantas de bombeo y de tratamiento, remolcadores, bodegas, parque vehicular, etc. Estas licitaciones deberían corresponder a procesos transparentes, bajo la fiscalización de la Comisión Ejecutiva del Gran Canal.
Ahora bien, los nicaragüenses deberíamos preguntarnos con preocupación, qué pasará si los estudios demuestran que el megaproyecto no es rentable o no pueda conseguirse el financiamiento para su construcción, ¿será que el señor Jing para recuperar sus costos, haciendo uso de la concesión, reorientaría sus cañones para desarrollar los subproyectos recreacionales y otros que se le vayan ocurriendo en el camino, como la instalación de una base militar rusa o china? Dios quiera que no, de lo contrario que nos agarre persignados.
EL AUTOR ES INGENIERO CIVIL E HIDRAULICO
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