Barcelona.— En el nuevo siglo, la mención de la fecha del 11 de septiembre reveló un trío de referencias, según la perspectiva nacional. En América Latina, se meditó tras el ataque terrorista de 2001 acerca de la coincidencia del día con el golpe de Estado contra Allende en Chile. Ya por entonces se había acrecentado la revaloración histórica de la que era oficialmente la “Diada” nacional de Catalunya, en recuerdo de la caída de Barcelona en 1714, con el final de la modesta autonomía catalana. Era el castigo por haber optado por el respaldo a la reclamación austracista al trono de España y la consolidación del dominio borbónico. De nada sirve recordar que el conflicto fue un capítulo más de una más amplia contienda europea, no reducida a un escenario exclusivamente español o catalán.
En fin, lo que cuenta en la actualidad es que el significado de la fecha se reforzó en los últimos años con el endurecimiento de los reclamos catalanes, para conseguir un grado más superior de autonomía y así pasar a la exigencia de la independencia. El ambiente enrarecido de este nuevo 11 de septiembre de 2014 es resultado de una serie de acontecimientos y procesos con un impacto notable y unas consecuencias futuras impredecibles.
La nueva muestra de manifestación popular que el año anterior tuvo la forma de una cadena humana, que se extendió por el litoral mediterráneo desde Francia a los confines del antiguo reino de Valencia, este año lleva la forma de una “V” (por “voto”) que coincide con las dos calles emblemáticas de Barcelona, la Granvía y la Diagonal. Esta actividad está coordinada por la Asamblea Nacional Catalana, una coalición ciudadana que fomenta el proceso de referéndum para conseguir la independencia.
Por su parte, el gobierno autonómico de la Generalitat, con el apoyo de partidos como Esquerra Republicana que abogan por la independencia y otros que respaldan un proceso de “consulta”, han puesto la marcha directa a la aprobación de la ley que permitiría que los ciudadanos se expresaran acerca de su futuro político. La “consulta” (eufemismo de “referéndum”) se centraría en dos preguntas complementarias: si se desea que Catalunya sea un “Estado” y si ese Estado debiera ser “independiente”. El gobierno español del Partido Popular (PP) ha interpretado sistemáticamente que ese proyecto es anticonstitucional, ya que la decisión no es exclusiva del pueblo catalán, sino de toda la ciudadanía española, detentadora colectiva de la soberanía. En similares términos se ha expresado el propio Partido Socialista Obrero Español (PSOE), proponiendo la alternativa de una reforma de la Constitución y el establecimiento de una estructura federal que acomodara en parte las expectativas catalanas y de otras regiones.
En caso de que la “ley de consulta” catalana se apruebe a final de septiembre, la maquinaria oficial española se pondría en marcha y tocaría el turno del Tribunal Constitucional. Con el precedente del rechazo de numerosos artículos del proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía en 2010, oponiéndose al uso de la palabra “nación” con la que los parlamentarios catalanes se autodefinían en el preámbulo del texto, es predecible que el alto ente constitucional replicará de similar forma contundente.
Entonces, según las recientes declaraciones del presidente catalán Artur Mas, la intención es proceder a la celebración de la “consulta-referéndum” el 9 de noviembre próximo. Aunque Mas ha dicho que no hará nada que sea contrario a las leyes, la incógnita es si la legalidad respetaría el ordenamiento jurídico español o el catalán. El dilema es, ciertamente, enorme, ya que el texto de la “consulta” fue votado por una mayoría abrumadora del Parlamento catalán. Esquerra Republicana, el partido que se ha alzado como competidor de Convergència i Unió (CiU), la coalición gobernante, ya ha declarado que no permitirá ninguna componenda que no sea la celebración del referéndum.
De confirmarse la tozudez del gobierno catalán y sus aliados en celebrar ese ejercicio, la incógnita estriba en cuál puede ser la reacción del gobierno español, más allá de su insatisfacción. Entre la declaración de ilegalidad, la suspensión de la propia autoridad autonómica y la destitución del propio Mas, todo es posible. Luego estaría por ver cuál podría ser la reacción popular de los sectores que han defendido hasta hoy el proceso.
En ese escenario, ya de por sí suficientemente complicado y peligroso, se ha insertado recientemente el escándalo de la confesión del expresidente Jordi Pujol acerca de casos sistemáticos de evasión de impuestos y el blanqueamiento de cantidades notables de fondos por parte de su numerosa familia. Este apartado del drama general catalán se ha enlozado todavía más por las recientes maniobras del expresidente en la dirección de justificar el acoso judicial y policial, como represalia por su acrecentada actividad independentista en los últimos años.
En ese contexto adquiere mayor lógica el retiro del democristiano Josep Antoni Durán Lleida como colíder de la coalición de CiU. Esta decisión habría sido preludio de la desintegración de la coalición y la refundación (¿desde su propia desaparición?) de Convergencia, obra personal de Pujol sobre una amalgama ideológica que incluye el nacionalismo, conservadurismo, y liberalismo. De sobrevivir el impacto de la decisión de Madrid y el acatamiento del riguroso dictado constitucional (resolución más que razonable y predecible), a Mas no le quedaría otra salida que el adelanto de las elecciones, como un último intento de convertirlas en plebiscitarias. Los independentistas de Esquerra ya se frotan las manos, aunque la perspectiva de encarar las obligaciones del poder está plena de riesgos. Mientras tanto, en Madrid el Partido Popular seguirá esquivando su responsabilidad de no haber querido o no haber podido enfrentarse a su responsabilidad histórica sin un ápice de creatividad política. El autor es catedrático Jean Monnet y director del Centro de la Unión Europea de la Universidad de Miami
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