Max L. Lacayo
Lo que le está sucediendo a los líderes religiosos en Nicaragua bajo la dictadura de Daniel Ortega trae a la memoria capítulos anacrónicos de la historia, al mismo tiempo que expone esos recurrentes trastornos delirantes de los tiranos.
La persecución que emprendiera Adolfo Hitler en la Alemania nazi podría darnos una idea de lo que pretende Ortega al vincular, por decreto ejecutivo, a la Iglesia católica como aparato estatal para que los religiosos funjan como auxiliares de la Policía, del Ministerio Público, del poder judicial y de la Comisaría de la Mujer, según los artículos 48, 49, y 50 del reglamento de la Ley 779 (Ley Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres).
Ante esto, los obispos de la Iglesia se han pronunciado, tratando de dejar establecido que ellos nunca ofrecieron al Gobierno ser mediadores en los casos de violencia hacia las mujeres, ni han ofrecido actuar como “policía voluntaria” y auxiliar a las autoridades en esos casos. Los prelados trataron de aclarar que todo lo que hicieron fue mencionar a Ortega la importancia de esas mediaciones con el propósito de proteger la institución matrimonial.
Lo anterior es uno de los puntos propuestos por la Conferencia Episcopal al dictador el 21 de mayo pasado, como parte del interés de la CEN de entablar un diálogo con el presidente inconstitucional Daniel Ortega. Pero este, abusivamente, aprovechó la oportunidad para convertir a la Iglesia en un brazo del Estado y así otorgar a las autoridades el poder de penetrar hasta en la intimidad confesional de los miembros de las familias nicaragüenses.
Muchos de los elementos de los que se vale Ortega para convertir en escombros las instituciones del país, provienen de los capítulos más oscuros de la historia. Ya vimos cómo manipuló a los líderes de oposición para dividir la otrora arrolladora fuerza política concentrada en el Partido Liberal y cómo logró subordinar a gran parte del sector empresarial. Con respecto al rancio propósito de Ortega, de acabar con las iglesias cristianas en Nicaragua, sus estrategias parecen inspiradas en los alcances de la experiencia alemana de hace ochenta años.
El 20 de julio de 1933 el gobierno de Hitler firmó un concordato con el Vaticano. En este se garantizaba la libertad de la religión católica y los derechos de la Iglesia a regular sus propios asuntos. Diez días más tarde su gobierno disolvía la Liga Católica de la Juventud. En los próximos seis meses miles de sacerdotes y monjas fueron arrestados bajo cargos de inmoralidad. Erich Klausener, líder de Acción Católica, fue asesinado el 30 de junio de 1934. El 14 de marzo de 1937 el papa Pío XI emitió la encíclica “Con ardiente preocupación”, acusando al gobierno nazi ante las amenazas reales de exterminación contra las iglesias cristianas.
Por su parte, la Iglesia protestante estaba dividida, pero la gran mayoría de sus líderes eran fieles al fundador del protestantismo, Martín Lutero, y se adhirieron al antisemitismo y a la obediencia absoluta a la autoridad política. Estos aceptaban que Hitler era el heraldo de la nueva revelación y tuvieron que juramentar su lealtad al Führer. Que el pueblo alemán fuera indiferente a la nazificación de las iglesias cristianas, atendía a los éxitos de Hitler en proporcionar trabajos, crear prosperidad y a sus continuos triunfos en política exterior.
Obviamente Ortega sobrestima su apoyo popular, igual que su alcance y capacidad de poder implantar a nuestra Iglesia católica como brazo del Estado. El autor es economista y escritor
