“No se puede manipular la religión”

La lucha contra la violencia hacia la mujer tiene muchas caras y una de las más representativas es la de Juanita Jiménez, miembro del Movimiento Autónomo de Mujeres, quien analiza en esta ocasión los retrocesos que ha tenido esa batalla a raíz de la publicación del reglamento de la Ley 779, por parte del poder ejecutivo. Jiménez también asegura que la Iglesia ha tomado una dirección acertada al rechazar su inclusión en las Consejerías Comunitarias, que no se puede confundir el rol religioso con el del Estado y que además el reglamento establece un mecanismo de control hacia las familias nicaragüenses.

La lucha contra la violencia hacia la mujer tiene muchas caras y una de las más representativas es la de Juanita Jiménez, miembro del Movimiento Autónomo de Mujeres, quien analiza en esta ocasión los retrocesos que ha tenido esa batalla a raíz de la publicación del reglamento de la Ley 779, por parte del poder ejecutivo. Jiménez también asegura que la Iglesia ha tomado una dirección acertada al rechazar su inclusión en las Consejerías Comunitarias, que no se puede confundir el rol religioso con el del Estado y que además el reglamento establece un mecanismo de control hacia las familias nicaragüenses.

Su esperanza personal es que algún día exista en Nicaragua un Estado democrático que garantice derechos para todos, sin distinción de credos políticos o religiosos.

¿Cómo se involucró usted en la lucha contra la violencia hacia la mujer?

Cuando salí de mi trabajo militar, me tocó litigar en contextos en los que no había comisarías ni leyes especializadas. Ahí me di cuenta que las leyes en materia penal no funcionaban igual cuando se trataba de las mujeres y supe que algo tenía que cambiar.

¿Participó en algún cambio?

Sí, estuve directamente involucrada en la creación de la primera Comisaría de la Mujer, por ejemplo.

¿Faltaba más por hacer?

Sí, no era suficiente, las leyes todavía tenían una perspectiva muy justificativa de la violencia. Yo he visto esos cambios, pero cuando te encontrás en una situación como la de ahora, es que se valora qué tanto habíamos avanzado y cuáles son los peligros de retroceder.

¿Se refiere al reglamento de la Ley 779?

Claro.

¿Por qué?

La Ley (779) era la primera que por fin se especializaba e integraba un enfoque no solamente punitivo, como habían sido las reformas anteriores, sino que trataba de armonizar la sanción de la violencia con la prevención, educación y la responsabilidad estatal. Eso era muy esperanzador, reunió muchas décadas de lucha de las mujeres ante un problema que es duro, cruel y que representa la mayor desigualdad y discriminación que vivimos las mujeres.

Pero la aplicación de la Ley 779 tuvo muchas críticas…

Por supuesto, en una sociedad que históricamente ha legitimado esas conductas violentas y machistas como normales, la ley es como dicen un “parte-aguas”. La Ley cambia, crea una campanada que dice: ¡hasta aquí llegamos! Y hacia eso hay resistencia. Las posiciones están divididas y son contradictorias porque hay quienes están conscientes que existe la violencia, pero dicen “se les pasa la mano”.

¿Usted considera que estaba bien la Ley al principio?

Sí fijate, la 779 es una Ley que a pesar que se señalaba como muy dura, las sanciones que establecían eran menores a los cinco años, o sea que a nivel jurídico eran sanciones que correspondían a “delitos menos graves”. Cuando se establece la mediación y se dice que se van a mediar solamente los delitos que son menores a cinco años, nos sorprendimos, porque todos los delitos no excedían ese tiempo, excepto el femicidio y las lesiones graves. Si se es objetivo, es fácil ver que el fuerte de la Ley no es sancionar ni que la gente esté encarcelada, sino la parte preventiva y el reconocimiento de que esas conductas no pueden seguirse permitiendo socialmente.

¿Por qué no funciona la mediación?

La mediación es una figura que está establecida, pero en conflictos de otra naturaleza. Ya había un análisis, estudios sociales de comportamiento y de dinámica de la violencia que indicaban que la mediación no funcionaba cuando estamos ante situaciones que derivan de la violencia de género.

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Juanita Jiménez tiene 47 años, ha sido llamada toda su vida así, en diminutivo. Esto se debe a que su abuela regañaba a todo aquel que se atrevía a llamarle “Juana”.

Es originaria de Masaya, tiene 26 años de casada y una hija.

Empezó la universidad estudiando Economía, pero se cambió de carrera y se graduó de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en León, en 1993.

Siempre tuvo vocación de líder y de lucha en contra de lo injusto.

Trabajó en el Ejército como fiscal militar de los Tribunales de las Auditorías Militares.

Luego empezó a trabajar en el Centro de Mujeres Ixchen.

Ahora es una de las principales representantes del Movimiento Autónomo de Mujeres.

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Ese es el principal retroceso entonces…

¡Claro! La mediación en sí fue un retroceso. En todas las leyes especiales de violencia, no solo en Nicaragua, sino en el resto de países latinoamericanos y del mundo, se establece que la mediación no debe darse en situaciones de violencia de género, porque en estas prevalecen relaciones de poder, de sometimiento, de desigualdad. No es lo mismo en el ámbito mercantil o laboral que te da la oportunidad de establecer un buen acuerdo, en este caso el acuerdo puede significar una agudización del ciclo de la violencia e incluso pérdida de vida, que es lo que hemos visto y hemos lamentado en todo este año.

¿En qué más se ha retrocedido?

Ya la reforma a la Ley era muy grave, en términos jurídicos y en términos sociales. Yo no puedo decir que el reglamento mata la Ley, porque asumo como ciudadana y mujer que trabaja en la lucha contra la violencia, que ese reglamento como es ilegal, no debe aplicarse, pero la intención en sí del reglamento es eliminar todo el sentido de la Ley. El reglamento desnaturaliza la Ley, le cambia su objetivo, la cambia el sujeto jurídico a proteger, pues en la Ley ese sujeto a proteger es la mujer, pero en el reglamento se cambia hacia la institución de la familia y ahí se invisibiliza a las mujeres.

Y las Consejerías Comunitarias…

Eso es grave, la creación de estas estructuras se establecen como un mecanismo de intervención y de control a nivel comunitario y a nivel institucional, rompe totalmente el sistema de atención a víctimas y sobrevivientes de la violencia.

¿Rompe la atención?

Sí. Con estas Consejerías de Familia no se le da el trato adecuado al delito y se dice que se va intervenir ante “alteraciones de la armonía familiar”, volvemos casi 30 años en el tiempo, cuando se consideraba que la violencia contra las mujeres era un asunto privado, algo que debería de manejarse solo a nivel de la familia. “Los trapos sucios se lavan en casa”, decían en tiempos de mi abuela. Esto es muy grave, yo creí que veníamos avanzando. ¡Habíamos avanzado! Y de pronto un reglamento te manda para atrás.

¿Qué le parece que la Iglesia fue incluida como parte de las Consejerías?

Eso es una violación total al estado laico. Y no estoy diciendo que seamos ateos, el Estado laico es una garantía de libertad de pensamiento y así ha sido desde 1895 que se estableció con el mandato de José Santos Zelaya. En este reglamento entonces nos volvemos ahora 100 años atrás, porque se quiere volver a fusionar al Estado con la Iglesia. La Iglesia como institución religiosa tiene un rol en la sociedad, pero el Estado laico nos debe garantizar derechos a todos, porque si no se cambiaría a un Estado confesional.

¿Usted como parte del movimiento está de acuerdo en que no se incluya a la Iglesia en estas estructuras?

Sí. Y en ese sentido han sido muy acertadas las declaraciones de los líderes de la Conferencia Episcopal y de algunos líderes evangélicos. No se puede confundir el rol del Estado con el del la Iglesia. No se puede instrumentalizar ni manipular la religión y mucho menos dentro de una estructura que es totalmente arbitraria y que no corresponde a la institucionalidad que está establecida en las leyes y la Constitución.

Es algo extraño que coincida un movimiento de mujeres con la Iglesia, la mayoría de veces están en desacuerdo, como es el caso de las posturas provida de la jerarquía religiosa…

Yo creo que no son acuerdos ni desacuerdos, sino perspectivas y puntos de vista alrededor de los derechos de las mujeres. Dentro de la institución religiosa hay una visión de cómo se cree que debería ser el rol de las mujeres. Eso es cuestionado porque esas concepciones religiosas desdicen el rol protagónico de la mujer y no les garantizan ser sujetas de derecho. Los grupos de mujeres, el feminismo en sí, promueve derechos y la igualdad por encima de cualquier religiosidad o incluso credos políticos. Hay un acercamiento con el tema de la realidad del país y la necesidad de un sistema democrático, pero si vemos el enfoque de esa democracia y cómo garantizamos esos derechos para las mujeres, entonces ahí sí va a haber siempre puntos de vista que no van a coincidir, porque nosotras lo vemos desde el derecho y las instituciones religiosas desde los dogmas de fe.

¿Coincidirán con el tema del aborto?

Sobre el aborto hay todo un análisis, no me puedo negar a la posibilidad de que la jerarquía religiosa tenga una mentalidad más humana alrededor de lo que implica el aborto. Eso no es un asunto de que si estoy o no de acuerdo, sino que es una situación que tiene que ver con reconocer el derecho a las mujeres. Es cierto que la vida es el bien principal que se debe proteger en una sociedad, pero esa vida no puede estar en detrimento de otras vidas. Nosotras hemos apelado que ante el dilema de la vida de la mujer y la vida de uno que está por nacer, pues debería de prevalecer la vida de la mujer que ya está como ciudadana en ejercicio de derecho. Sobre eso no hay debate cerrado, incluso el papa Francisco ha planteado análisis para renovar el pensamiento de la Iglesia católica, y creo que vamos a ver cambios de perspectivas sobre la base de los derechos humanos, independientemente de los credos.

Usted también decía que la Iglesia tiene un rol importante en la sociedad, ¿cree que esas posturas afecten la opinión pública en estos temas?

Por supuesto que estos liderazgos inciden en la población. Creo que la garantía es devolvernos a los cauces democráticos, porque en la medida que fortalezcamos realmente la institucionalidad y logremos nuevamente encauzarnos en un modelo democrático, vamos a poder convivir mejor en la sociedad. Si logramos obtener ese modelo democrático podemos entrar en debates de altura, donde puedan haber puntos de divergencia, pero que eso no implique la pérdida de derechos para nadie.

¿Pero usted considera que son negativas esas posturas de la Iglesia?

Son discutibles, creo. Pero eso es lo que te da la libertad de conciencia, o sea, en una democracia se debe tener garantizada esa libertad y ver distintas perspectivas de un debate y cada quien tener la posibilidad de adscribir lo que considere. Esa oportunidad de poder debatir ampliamente esos temas controversiales es lo que no hemos logrado construir, íbamos en ese camino, pero lamentablemente, la llegada del Frente Sandinista al Gobierno implicó retrocesos en términos de construcción democrática y se impuso un pensamiento donde se manipula la religiosidad, la libertad e incluso la propia historia del país.

Sección Domingo familia Iglesia Ley 779 religión archivo

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