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MONTEVIDEO/AFP
Sobrepobladas, violentas y en ocasiones con escasez de los servicios más elementales: las prisiones de América Latina siguen estando en una situación desastrosa según asociaciones de derechos humanos, a pesar de que muchos de los actuales jefes de Estado han pasado por ellas.
En Venezuela, donde el fallecido presidente Hugo Chávez estuvo preso dos años, hay casi tres veces más presos que plazas, creando un clima de violencia extrema. En 15 años 16,000 detenidos fueron asesinados tras las rejas, según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
“En Venezuela se puede juzgar a una persona estando en libertad, pero lamentablemente, en la actualidad, todas las personas por delitos menores quedan privadas de libertad” a la espera del proceso, lamenta Marianela Sánchez, coordinadora jurídica de la OVP. La mayoría (64.56 %) de los presos están sin haber sido juzgados aún.
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En Brasil, cuya presidenta, Dilma Rousseff, estuvo encarcelada tres años (1970-1973), casi la mitad de los centros no tienen suficientes camas para todos los prisioneros, según la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), que agrupa a los defensores del pueblo e instituciones de derechos humanos de la región.
El lunes, un detenido fue decapitado en un nuevo motín en Paritins. Hace una semana, otros dos presos habían muerto del mismo modo en la cárcel de Carcavel (Paraná). En la prisión de Pedrinhas, que alberga 2,500 reclusos en 1,700 plazas, más de 60 presos fallecieron en 2013.
“Es una vida donde se lucha a muerte todos los días”, cuenta Mario Ibáñez, encarcelado en Santiago de Chile, donde numerosos detenidos hablan de celdas sin luz ni ventilación, describiendo la situación como “una jungla llena de animales salvajes”. Chile también está gobernado por una mujer de izquierda, Michelle Bachelet, torturada y detenida varias semanas en 1975.
“Hay episodios sistemáticos de violencia carcelaria, que se caracterizan por heridas que se infligen los detenidos unos a otros y muertos durante peleas”, indica Ana María Morales, responsable de reinserción, en la ONG Paz Ciudadana. “No se trata solo de violencia entre detenidos, sino también de parte de funcionarios”, añadió, denunciando el abuso de sanciones disciplinarias.
Uruguay es gobernado por José Mujica, quien pasó más de 13 años en las cárceles de la dictadura (1973-1985) y regularmente puesto en la lista negra por las condiciones de vida carcelaria. “Cometimos un error, se está pagando, pero no somos monstruos”, se justificó Darío, encarcelado por robo en Punta de Rieles, Uruguay.
Para Mirtha Guianze, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Uruguay, “hay una sensación de inseguridad en la población, a veces alimentada por los medios, y las personas quieren la cárcel, la cárcel, la cárcel” para castigar los delitos.
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