Bogotá/EFE
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó hoy de que en Colombia la magnitud de las violaciones de derechos humanos se mantiene constante pese a los avances del proceso de paz del Gobierno con la guerrilla de las FARC.
En su último informe país, presentado hoy a los medios en Bogotá, el organismo valora los esfuerzos del Gobierno por mejorar la justicia, pero destaca que aún persiste un clima de impunidad en cuanto a la violación de los DD.HH.
“La justicia referida a los derechos humanos no puede estar subordinada al inicio o agotamiento de procesos internos, ya que contraviene las obligaciones adquiridas por el Estado”, indica en su introducción el informe, en alusión al proceso de paz.
Desde que se iniciaran las conversaciones de paz entre el Gobierno y las FARC en noviembre de 2012, el Ejecutivo de Juan Manuel Santos ha reiterado en numerosas ocasiones que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, algo que de forma implícita es criticado por la CIDH en su informe.
“Los derechos humanos deben ser un aspecto central en el proceso de paz”, subrayan en el texto.
El documento, de casi 500 páginas, repasa en diferentes capítulos la situación de las minorías y los derechos humanos en Colombia, donde es manifiesta la impunidad que envuelve a estos crímenes.
“Encontramos como desafío central y urgente la impunidad que afecta a los graves casos de violaciones de derechos humanos e infracciones del DIH (Derecho Internacional Humano)”, apuntan.
Para llegar a sus conclusiones, una delegación de la CIDH visitó el país entre el 3 y el 7 de diciembre de 2012 en una invitación del Gobierno colombiano, al que reconocen sus esfuerzos pero afean que sus medidas no estén llegando “lo suficientemente rápido”.
Tras recibir in situ información sobre “la continuidad de asesinatos, asesinatos selectivos, masacres, desapariciones forzadas, secuestros, atentados, enfrentamientos y combates, amenazas y panfletos”, entre otros, la CIDH concluye que existen “obstáculos sistemáticos” para reparar a las víctimas.
Persisten en el país “la falta de esclarecimiento de las dinámicas, alcances, composición y estructura de las antiguas autodefensas y los grupos armados ilegales surgidos después de la desmovilización de organizaciones paramilitares”, que constituyen uno de los aspectos centrales del informe.
Y es que en el este punto la CIDH se detiene a remarcar la “responsabilidad” del Ejecutivo en cuanto a la formación de grupos paramilitares, a los que implícitamente amparó, según el documento.
“El Estado no esta liberado de su responsabilidad de los paramilitares, por la interpretación que durante años se dio al marco legal que los amparó”, subraya el organismo.
Sobre la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2006 en el marco de la ley de Justicia y Paz, la CIDH indica que esta norma tuvo “resultados insuficientes y precarios” puesto que solo se han dictado 10 sentencias de primera instancia y siete de segunda.
Asimismo, el organismo también dirige la mayoría de sus críticas a la “excesiva presencia de la justicia militar”, que estaría asumiendo competencias que no le corresponde a la hora de investigar violaciones a los derechos humanos.
Referido al tipo de agresiones a los derechos humanos, la CIDH registra un aumento de las condenas a casos de ejecuciones extrajudiciales con respecto a 2010, y “advierte con preocupación” que la desaparición “continúa siendo en la actualidad un fenómeno extendido en Colombia”.
Según datos aportados en el informe, 65.975 personas se cuentan como desaparecidas en el país a octubre de 2013, de las que 19.122 se consideran forzosas; la cifra supera con creces las 30.000 personas que contabiliza el Centro de Memoria Histórica del país.
No obstante, la CIDH “valora los esfuerzos del Estado”, al que define como “uno de los países pioneros del hemisferio en programas de protección de distintos grupos de la sociedad”, si bien sus medidas para reparar a las víctimas pueden también perjudicarlas tal y como están planteadas en la actualidad.